Roberto Chucho Páez, concejal del Frente de Todos, presentó un proyecto en el cual le pide al Departamento Ejecutivo informe si empleó fondos de afectación específica para cubrir gastos de personal. De haber ocurrido se exige conocer el monto total, identificación de los mismos, criterios utilizados, tanto para elección como también para la determinación de la cuantía requerida.

Cabe recordar que en el pasado mes de abril el Departamento Ejecutivo estatuyó, por vía del decreto 193/2020, en línea con proyectos elevados ante el Concejo Deliberante, la prórroga en el pago de Tasas y Contribuciones municipales, como así también la suspensión en su vigencia de las afectaciones de fondos dispuestas por ordenanza, incluyendo los fondos afectados disponibles a la fecha de la sanción del referido decreto, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria producto del COVID-19.

“ Entendemos desde el FdT que más allá de que esta concesión ha sido otorgada haciendo caso de su oportunidad, mérito y conveniencia, y cumpliendo con todos los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos, no es menos cierto que implica una clara excepcionalidad al corriente manejo de fondos de la administración municipal, y es ese carácter excepcional el que debe abrir todos los mecanismos de control necesarios para que esta facultad no se transforme en un daño al patrimonio del vecino y una puerta a la arbitrariedad”, manifestó el edil Páez.

El proyecto presentado apunta a constatar una serie de informes requeridos que apuntan a determinar si se ha procedido al pago del rubro personal por medio de la utilización de fondos afectados, para que en caso de responder afirmativamente, se identifique claramente cuáles han sido los fondos utilizados para el pago de sueldos del personal municipal y en qué proporción han sido afectados a tal fin, interrogando a su vez por la racionalidad aplicada a la elección de cada uno de ellos.

Al respecto el edil del Frente de Todos argumentó: “Estas interrogaciones apuntan a conocer el estado actual de los movimientos presupuestarios habilitados por la decisión del Deliberativo, a la vez que se pone en común el nivel de racionalidad de los actos de gobierno, marca insustituible de un gobierno republicano y democrático”.