La denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado y que tendría "carácter nocivo" para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal.

El médico que recetó el dióxido de cloro a un paciente con coronavirus, que luego murió en el Sanatorio Otamendi, quedó imputado en una causa penal que tramita en el fuero federal porteño por la denuncia del Ministerio de Salud, en tanto que este martes a la noche se encontraron pruebas durante un allanamiento a su consultorio, informaron hoy fuentes judiciales.

La causa contra el médico quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que está de turno durante la primera quincena de la feria judicial de enero, quien este martes ordenó el allanamiento al consultorio de Dante Coverti, que resultó "positivo".

El médico, según asociaciones científicas que denunciaron al juez Javier Pico Terrero ante la Magistratura, no es especialista en neurocirugía tal como se presenta.

Durante el allanamiento, que se inició poco después de las 21 de ayer y culminó a las 23, la policía secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro, entre otras evidencias encontradas en el consultorio del neurocirujano ubicado en Ayacucho 626, de la ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores explicaron a Télam que la pesquisa se inició por la denuncia presentada este martes ante la policía "como un hecho de prevención", y el objetivo del procedimiento realizado fue "preservar la prueba" que fue trasladada al juzgado con sede en Comodoro Py 2002 y ahora "será analizada".

Esta denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado al paciente Oscar García Rúa y que tendría "carácter nocivo" para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal.

Por ello, el médico está imputado y es investigado aunque todavía no se formuló una calificación concreta del delito que podría atribuírsele, precisaron las fuentes.

Por el mismo caso, asociaciones científicas denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por presunto "prevaricato" y por dictar una resolución "contraria a las normas de salud pública" a Pico Terrero, que autorizó la prescripción de dióxido de cloro al paciente de 92 años con coronavirus.