A través de las redes sociales, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Rogelio Frigerio, Miguel Ángel Pichetto y los diputados Luis Petri y Alfredo Cornejo se refirieron a la decisión del Presidente.

"Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina", dio el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se pronunció la exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich: "El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron".

Por su parte, el diputado nacional Luis Petri (UCR-Cambiemos) anunció que junto a su par y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, presentarán un proyecto de ley que restablezca el contenido del decreto derogado por el gobierno de Alberto Fernández.

"El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos", consideró Petri en un comunicado.

También el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró en su cuenta de Twitter que "el Gobierno sigue retrocediendo y lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos".

El exsenador y actual integrante de la AGN, Miguel Ángel Pichetto, dijo por la misma red social que "no hay que permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales" y que la norma "facilita el narcotráfico y las organizaciones delictivas", por lo que es un grave error que denota una carencia de sentido común".

La medida publicada en el Boletín Oficial restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017" y dispone la creación de una "Comisión Asesora de Política Migratoria" que deberá "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".