En el marco de la sesión extraordinaria para tratar el polémico cambio de giro del convenio de Fotomultas, el edil de Crear Juntos Alejandro Carrancio aseguró que “van a convertir a la ciudad en una trampa recaudatoria, que beneficiará a un privado”

El edil comenzó su intervención planteando: “Saquémonos las caretas y digamos las cosas como son, acá se convenía con la Universidad de San Martín porque hay atrás un privado, que es el mismo prestador que en todos los lugares con los cuales tiene convenio dicha universidad, lo hace a través de dos empresas: Secutrans o Transito Seguro, que siempre termina arreglando con Secutrans, que es la empresa que está detrás de la Universidad ¿Quién es Secutrans y quienes la conforman? ¿Qué antecedentes tienen? En el expediente no se aporta información de esta empresa”.

En tal sentido, remarcó que “hemos averiguado que el titular Secutrans es el señor Leandro Camani, un personaje mediático que tiene cierta predisposición con las cuestiones faranduleras y novias famosas, pero más allá de eso que es una cuestión personal que no nos incumbe, este señor - que según el acta de Asamblea a la que pudimos tener acceso del 4 de abril de 2019, que fuera publicada el 23 de mayo de ese mismo año es el presidente de Secutrans - es el mismo que se filmara con el celular mientras conducía temerariamente su automóvil importado a 160 kilómetros por hora por la avenida Libertador, donde la máxima velocidad permitida era 60 kilómetros por hora, ese video todavía está en las redes sociales de Camani , nunca lo borro”.

Señaló, además, que “Camani estuvo involucrado en una causa donde se lo sindicaba como el artífice de una habilitación ilegal de un local bailable denominado Beara, donde luego de un derrumbe perdieron la vida dos chicas”, mencionó también que “en el partido de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires, ahí no arreglo con la universidad sino que participó directamente con su empresa de una licitación pública, en donde cuando se habrían los sobres cuando vio que su empresa no era la más conveniente, quiso arrancar la hoja para cambiarla por otra para favorecer a su empresa , cualquier casualidad con el manejo del expediente de las fotomultas queda a la libre disposición de cada uno”.

Prosiguió refiriendo que “a fines del 2018, en San Antonio de Areco se le rescinde el contrato por incumplimiento y, también, en el municipio de Escobar tuvo problemas por incumplimientos contractuales por la provisión de semáforos y equipos de control de la violación de la luz roja, con lo cual cuando hablamos de antecedentes veamos cuáles son buenos y también cuáles dejan mucho que desear, porque también hemos tenido experiencias que no han sido buenas”.

En tal sentido, subrayó que “con estos antecedentes queda claro por qué Montenegro decide hacer un convenio y no una licitación, Camani nunca ganaría una licitación, no habría manera que esta persona con estos antecedentes pudiera ser adjudicataria en una licitación pública”

Por otra parte, Carrancio realizó una comparación con el convenio rescindido con la Universidad Nacional Tecnológica de la Plata, puntualizando que “el convenio anterior creaba una comisión de seguimiento, monitoreo y ejecución del convenio pero nada dice este convenio de que haya una comisión de seguimiento; en el otro se proponía un plazo de gracia de 60 días en donde las infracciones no iban a ser cobrada sino que se iba a hacer una llamada de atención por única vez y en los medios de comunicación y en la página web del municipio se iba a poner la ubicación de los radares e información del sistema, pero este convenio nada dice de eso ; el plazo del anterior era de cuatro años con una prórroga de dos más , y este plantea cinco años renovables por un mismo plazo pero de manera automática; en el anterior el 20 % de lo que se producía por el cobro de las infracciones de fotomultas iba a ser para la provincia , el 50 % quedaba en las arcas municipales y el 30 por ciento se lo llevaba la universidad, pero este convenio propone una distribución muy distinta que es del 20% para la provincia, el 24 % el municipio, el 56 % para la universidad, que seguramente Camani se lleva la mayoría y un pequeño porcentaje quede para la universidad, o sea el 76% del producido por las fotomultas queda fuera de las arcas municipales”.

Y concluyó alertando que “queda claro que este convenio es un retroceso con respecto al convenio anterior. No entiendo cuál es el objetivo de dar de baja un convenio y ahora proponer uno claramente peor que el convenio con la Universidad de La Plata en el 2017, al cual le hicimos un montón de modificaciones, ya en aquel momento se pedía la autorización que habilitaba que le hagamos modificaciones, pero acá se trata de una convalidación, o sea aprobamos o no aprobamos, los márgenes son mucho más limitados, con lo cual tenemos que estar de acuerdo o no a libro cerrado”.