El director operativo del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, presentó un recurso de amparo colectivo contra la ordenanza que prevé la creación en Mar del Plata de una "zona roja" para regular la oferta y demanda de la prostitución, informó este miércoles el organismo que depende de Jefatura de Gabinete de Ministros.

La acción de amparo que se interpone contra la ordenanza aprobada el viernes 24 de junio por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon fue presentada a la Justicia Federal de Mar del Plata y recayó por sorteo en el Juzgado Federal 4, a cargo de Alfredo López

Para el funcionario existe un alto riesgo que, de ejecutarse la medida, se vean afectados tanto los derechos humanos de las personas en situación de prostitución, que podrán ser multadas o detenidas por las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, solicita que "hasta tanto se decida la cuestión de fondo se ordene una medida de no innovar, a los efectos de establecer la suspensión de los efectos de la ordenanza promulgada y su reglamentación", considerando que la norma es "inconstitucional".

Advierte que "un Municipio puede echar por tierra todos los tratados internacionales, leyes nacionales y el compromiso que el Estado Nacional viene llevando adelante para combatir la trata de personas y asistir a sus víctimas para recomponer sus derechos" y concluye que "la ordenanza es inconstitucional".

Asimismo, puntualiza que la normativa que promovió el gobierno de Guillermo Montenegro es contraria a la normativa vigente, particularmente las leyes 12331, 26364, y su modificatoria, la Ley 26842, y los artículos 125 bis a 127 del Código Penal, "afectando derechos humanos fundamentales, amparados por convenciones internacionales suscriptas por el Estado Argentino y ratificadas por el Congreso Nacional, muchas de las cuales han sido incorporadas en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional".

La acción de amparo que se interpone contra la ordenanza aprobada el viernes 24 de junio por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon fue presentada a la Justicia Federal de Mar del Plata y recayó por sorteo en el Juzgado Federal 4, a cargo de Alfredo López.

En el escrito presentado ante la Justicia, se sostiene que existe un alto riesgo que, de ejecutarse la misma, se vean afectados tanto los derechos humanos de las personas en situación de prostitución dentro como fuera de la "Zona Roja", siendo multadas o detenidas por las fuerzas de seguridad, especialmente teniendo en cuenta que "es harto conocido que las mujeres que ejercen la prostitución rara vez lo hacen por cuenta propia y siempre es a partir de la vulnerabilidad que deciden llevarla a cabo”, por lo que “son víctimas de explotación sexual, y ante la falta de mejores oportunidades suelen ser revictimizadas incluso con ordenanzas como la que discute".