En la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno Nacional decidió ampliar el temario de proyectos a tratar incluyendo la denominada “Ley Lucio”. De ser aprobada, la norma promoverá la creación del “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”, que procura capacitar a los agentes de instituciones públicas para detectar indicios de violencia familiar.

La iniciativa surge a raíz del caso del niño asesinado en la provincia de La Pampa, en el que se habrían detectado, en forma posterior, situaciones de alerta que pasaron desapercibidas.

La ampliación del temario de las sesiones ordinarias se publicó en el Boletín Oficial bajo el decreto 45/2023, con la firma del presidente Alberto Fernández, y en su artículo 1° solicita que el tema sea tratado por el ‘Honorable Congreso de la Nación’.

A partir de entonces se establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores.

Fernández había anticipado que tenía previsto ‘ampliar’ el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para incorporar ese proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser convertido en ley por el Senado.

El proyecto había sido sancionado por 228 votos en la sesión del 9 de noviembre y establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en cualquiera de sus niveles y jerarquías, tanto en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El objetivo del oficialismo es que la iniciativa también sea aprobada en el Senado, cuando faltan apenas unos días para que se conozca el veredicto por la muerte del pequeño de cinco años.

Lucio Dupuy fue asesinado en noviembre de 2021 en su casa de Santa Rosa. Por ese crimen están siendo juzgadas su madre, Magdalena Espósito, y la pareja de la mujer, Abigail Páez, quienes están acusadas de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”.