Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó este lunes la estrategia de la farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) de utilizar el recurso de una quiebra falsa para resolver el multimillonario litigio por sus talcos que aparentemente provocan cáncer, informó Reuters.

Johnson & Johnson recurrió a la Ley de Quiebras estadounidense con el fin de bloquear demandas judiciales. La estrategia consiste en crear una firma subsidiaria que absorba sus pasivos e inmediatamente declararla en bancarrota.

En 2021, la farmacéutica creó la firma la subsidiaria LTL Management, a la que se le asignó las demandas de talco para luego ampararse en un apartado de la Ley de Quiebras.

Pero un tribunal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó que “Johnson & Johnson (declaró en quiebra indebidamente a su empresa filial, pues ésta “no enfrentaba dificultades económicas y, por el contrario, era altamente solvente con acceso a efectivo para cumplir cómodamente con sus obligaciones”.

El tribunal argumentó que LTL fue creada únicamente para solicitar la protección de la Ley de Quiebras, en la que solo un deudor en dificultades financieras puede ampararse.

Una sentencia de 417 millones de dólares

En agosto de 2017, Johnson & Johnson (J&J) fue condenada a pagar 417 millones de dólares a una mujer de 63 años que alegó que el talco de J&J le provocó cáncer de ovarios.

Un tribunal de Los Ángeles (California) sentenció el pago de 70 millones de dólares por indemnización por daños y 347 millones como multa en favor de Eva Echeverría, al considerar que J&J no había informado de los riesgos vinculados al uso del talco, que ella comenzó a utilizar a los 11 años.

La empresa farmacéutica, que adelantó que apelará el fallo y asegura que sus talcos son seguros, buscaba bloquear más de 38.000 demandas de consumidores que alegaban que el talco para bebés y otros productos de la compañía provocan cáncer. El dictamen del tribunal activa esos reclamos, lo que podría desembocar en largas batallas judiciales.

Las declaraciones de quiebra generalmente suspenden los litigios en los tribunales de primera instancia, lo que obliga a los demandantes a optar por negociaciones de conciliación y a menudo los deja incapaces de continuar con sus casos en las cortes donde originalmente presentaron la demanda.