Fabián “Pepín” Rodríguez Simón no es un refugiado político en Uruguay. Lo confirmó la Suprema Corte de Justicia oriental. La decisión desbloquea el proceso de extradición que pesa sobre el operador macrista desde mayo de 2021, suspendido hasta que se resolviera su pedido de asilo, a todas luces inadmisible. No hay ninguna persecución sobre “Pepín” en Argentina; solo una causa judicial donde se lo había citado a indagatoria, la primera instancia de defensa, sin ningún atisbo por entonces de una detención. Ahora que estuvo 833 días prófugo la jueza María Romilda Servini deberá analizar si, en caso de lograr la extradición, corresponde que siga el proceso en libertad o si puede obstaculizarlo.

El dato se conoce hoy, cuando “Pepín” tenía que presentarse a declarar ante la Comisión de Juicio Político donde se acusa a los jueces de la Corte Suprema argentina. El operador macrista había enviado una nota donde dijo que no asistiría porque estaba pendiente la resolución de su pedido de refugiado. La escribió el 17 de marzo, pese a que la Corte uruguaya resolvió su caso un día antes, el 16. O mintió o no se había enterado, lo que sería raro ya que su abogado no es ningún neófito: es Jorge Díaz Almeida, ex Procurador ante la Corte hasta octubre de 2021. “Saneada tal cuestión, corresponde dar trámite a la solicitud de extradición promovida por el Estado Argentino”, dice el máximo tribunal uruguayo.

En esa nota del 17 de marzo “Pepín” afirmó: “no tengo ninguna información relevante para aportar a la Comisión de Juicio Político ya que me enteré del fallo Muiña (el 2x1 a genocidas, caso por el que se lo cita formalmente) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina por los diarios; y que antes de éste se dictara nunca habló, siquiera coloquialmente del mismo, con ningún funcionario del Poder Ejecutivo Nacional ni con ningún magistrado ni funcionario judicial”. Miente: hay un peritaje de su celular que revela que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019 registró 59 llamadas con Carlos Rosenkrantz y 17 con Horacio Rosatti, dos de los firmantes de ese fallo. También 162 con el ministro de Justicia Germán Garavano, 29 con el secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, 15 con el jefe de asesores presidencial José Torello, entre otros.

Todo esto comenzó el 25 de mayo de 2021, cuando la jueza María Romilda Servini mandó un exhorto a Uruguay para que detuvieran a “Pepín” Rodríguez Simón, que se negó a declarar en la causa donde se investiga la persecución al Grupo Indalo. Al día siguiente “Pepín” se presentó ante la Justicia uruguaya y pidió ser considerado como refugiado. Ante esto la Justicia uruguaya suspendió el trámite de extradición hasta que se resolviera el pedido de refugio.

Primero la jueza Adriana Chamsarian rechazó el pedido de refugiado el 23 de diciembre de 2021. Luego el tribunal de Apelaciones confirmó ese rechazo con las firmas de los jueces Alberto Reyes y Sergio Torres.

El caso de “Pepín” Rodríguez Simón llegó a la Corte uruguaya el 3 de agosto de 2022. El 18 le dieron intervención al fiscal ante la Corte, que el 23 confirmó que el planteo de “Pepin” era inadmisible. “A juicio de la Suprema Corte de Justicia, pese al gran esfuerzo argumentativo realizado por la Defensa, no cabe duda alguna respecto a que lo resuelto”, dice el fallo.