En el marco de la causa de la muerte de Diego Armando Maradona, la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó esta mañana que los 8 imputados se someterán a un juicio oral y público, acusados por “homicidio simple con dolo eventual”.

De esta manera, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y los otros seis profesionales de la salud deberán pasar por el banquillo y podrían recibir una pena de 25 años.

La decisión fue adoptada en un fallo de la Sala III del mencionado tribunal de alzada, compuesta por los camaristas Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Maañón.

En el próximo paso, la causa deberá ir a sorteo para designar al Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro que lo deba juzgar, no antes del segundo semestre 2023, según las estimaciones.

Cuando el juez Díaz elevó la causa a juicio, sostuvo que los ocho imputados no cumplieron “con el mandato de actuar con la buena práctica médica coloca en sus cabezas”, y que como “garantes” de la condición del exfutbolista, tuvieron la posibilidad de “revertir” su cuadro cardíaco y no lo hicieron.

Cuáles son las acusaciones del juez contra los imputados

En su fallo, el magistrado elevó a juicio al neurocirujano por el delito de “uso de documento privado falso”, porque le imputan haber usado una firma falsificada de Maradona para pedir una historia clínica; y a Cosachov por “falsedad ideológica”, ya que se la acusa de haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Diego sin ir a visitarlo.

Los fiscales Ferrari, Iribarren y Capra y el juez Díaz coincidieron en que todos deberán enfrentar una imputación como presuntos coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”.

Según la hipótesis fiscal planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, sabía que el ex técnico de la Selección podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo.

Pese a ser un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados siempre estuvieron en libertad y así llegarán al juicio oral si se confirma para ellos.