Las operaciones inmobiliarias en la Provincia de Buenos Aires como alquileres, compraventa, hipotecas están casi paralizadas por un conflicto laboral que empezó hace dos meses.

Aquellas personas que estuvieron realizando contratos de alquileres o están buscando comprar una propiedad desde el 2 de marzo se encuentran con que el problema sigue escalando.

Escribanos, contadores, agrimensores, abogados y martilleros públicos se ven afectados por la situación que se desató en el organismo.

Los trabajadores que llevan a cabo la medida de fuerza aseguraron que reciben amenazas y no tienen acceso al diálogo con los funcionarios porque estos “exigen que participen los gremios, los que desconocemos porque han firmado a la baja, en un hecho histórico para el organismo público”, remarcaron hace unos días en plena protesta.

La medida de protesta consistió en el cierre del acceso de la sede céntrica en La Plata, donde reclaman desde hace más de dos meses por el “pago de salarios dignos” para el personal técnico como así también “la jerarquización correspondiente”.

”Se toma el registro en repudio a las constantes amenazas de esta dirección”, manifestaron empleados que participaron ayer del reclamo público.

Según señalaron, “los gremios, la dirección y el gobierno provincial desconocen el conflicto que lleva dos meses”.

En ese sentido rechazaron el acuerdo firmado el mes pasado por las tres partes y dejaron en claro además el descontento con los tres sindicatos del sector: AERI, ATE y UPCN.

“Ya hubo muchas desafiliaciones de los gremios porque el acuerdo que hicieron no representa nuestro reclamo como trabajadores”, indicaron empleados que se identificaron como “autoconvocados”.