En declaraciones al programa Propuesta Joven por la FM 90.5, Gustavo Casciotti , titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) de Mar del Plata, aseveró que “lo que le falta en el bolsillo al consumidor es lo que está en el rubro utilidades de los balances de las grandes empresas, que han generado ganancias extraordinarias básicamente como producto del aumento sistemático de los precios, que provocó una transferencia de recursos de las capas medias, del sector productivo y comercial de las PyMEs y de los trabajadores hacia las grandes corporaciones; y esta cuestión se soluciona democratizando la economía”

En tal sentido, consideró que “seguramente la economía social, las cooperativas, el rol de las PyMEs debidamente apuntalado por el Estado sea parte de la solución para empezar a quebrar esta hegemonía que tienen las grandes empresas formadoras de precios que hace, por ejemplo, que un productor de plástico - que es un insumo fundamental para gran cantidad de industrias - maneje el 100% de ese suministro generando una posición dominante que le permite fijar precios independientemente de sus costos. Pero en paralelo, además de esa democratización que será un proceso lento y dificultoso, hay que poner reglas de juego con un Estado fuerte que regule estas inequidades”.

Hizo hincapié en la necesidad de “hacer extensivo el programa de Precios Justos a todos los comercios para que todos reciban el mismo precio más allá de las diferencias de escala, y evitar así que se genere una brecha que se traduce en aumentos promedios de alimentos en el orden del 10%, como sucedió en el último informe del Indec”.

Puntualizó que “pese a lo virtuoso de la herramienta que ha desplegado el gobierno con el Programa de Precios Justos en la práctica adolece de muchas inconsistencias porque ese programa se aplica únicamente a las grandes superficies o en los supermercados para los cuales se les exige tener un tope de aumento, que hasta el mes pasado era del 3,2% pero, sin embargo, para la venta al resto de los formatos por donde se canaliza el grueso de los productos que consume la gente, las listas están liberadas”.

Precisó que “el mismo productor de alimentos vende con el 3,2% al supermercado y con el 9% al formato más pequeño, que son almacenes, autoservicios, los supermercados chinos y ferias comunitarias. Entonces ahí tenemos un problema porque se genera una brecha de precios, no por el abuso del pequeño y mediano comerciante, sino porque de hecho esa PyME está comprando más caro. Ahí el Estado tiene que regular esa situación para que no se generen iniquidades, para que se achique la brecha”.

Asimismo, subrayó que “cuando se trata de entender el comportamiento abusivo de los grandes formadores de precios, necesariamente hay que generar dos análisis: por un lado, está la permanente voracidad por maximizar utilidades que hace a la esencia de la empresa capitalista por eso el Estado tiene que estar para controlar, regular y fijar límites para generar una sociedad equitativa; y por otro lado, evidentemente hay una intencionalidad política que tiende a que ese aumento de precios termine siendo un condicionante para el gobierno de turno y una maniobra muy poderosa para inclinar los votos en el marco de un año electoral”.

“La ciudadanía no puede ser inocente en ese sentido - prosiguió Casciotti - , y tiene que visualizar cual es el objetivo final de muchos grupos económicos que aumentan no solamente para ganar más, sino para generar un daño y capitalizarlo en favor de determinadas opciones políticas que están relacionadas con un modelo económico reñido con la realidad de la gente, que no le terminaría favoreciendo a la gente porque no favorecería al mercado interno ni a la industria nacional. Y eso, realmente, pone en jaque a la sociedad y los intereses del grueso de los argentinos que dependemos del mercado interno”.

“El enorme universo de las PyMEs son mercado interno dependientes porque el destino principal de sus productos son los argentinos más allá de que algunas exportan. Hay que hacer este análisis para entender cuál es la intencionalidad detrás de un aumento de precios, no solamente implica ganar más, sino que se procura capitalizar políticamente en un sentido que evidentemente es contrario a los intereses de la mayoría”, concluyó.