“Implementar este nuevo Código Procesal, al que apoyamos en su esencia, en una Justicia en emergencia, es como si a un castillo de naipes, construido con el esfuerzo de los y las judiciales, le pusieran encima un lobo de mar de la Rambla: tira todo para abajo”. Con estas palabras Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados/as de la Justicia de la Nación (UEJN) a nivel nacional, graficó la realidad que atraviesa al fuero federal de la Justicia frente a la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción Mar del Plata, que abarca también las localidades de Dolores, Tandil, Azul y Necochea.

En el marco de una semana de lucha por la recomposición de los salarios del sector, que desde diciembre de 2023 han perdido casi un 28% de sus ingresos, el dirigente participó del Banderazo realizado este lunes en la puerta de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, convocado por la Regional 4 de la UEJN, conducida por Rubén Elizondo.

La medida de protesta coincidió con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal, que implementa desde este lunes el sistema acusatorio en la Justicia Federal de la jurisdicción. “Se hace con la misma improvisación que se está haciendo en todo el país. No se generan cargos para generar incentivos a los trabajadores y trabajadoras, hay pocos ascensos. Si vos entrás ahora a la Cámara, vas a ver que quienes estarán en la Oficina Judicial recién hoy (por el lunes), con el nuevo sistema en marcha, los están empezando a capacitar. Hay que reorganizar las oficinas y no hay espacio. Incluso se comienza tomando de prestado la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal. Es improvisación absoluta”, remarcó el líder de los judiciales en el país.

“Si vas al edificio de la Fiscalía, te vas a encontrar que no sólo falta espacio y han llegado pocos cargos, en contraste con el cúmulo de trabajo que se multiplicará en el Ministerio Público Fiscal y además no está garantizado que se respete a los empleados en sus promociones, sino que además aún hoy hay trabajadores que no saben qué tareas deberá hacer ni cuál será su espacio físico de trabajo”, describió más adelante.

“Esto te demuestra el nivel de improvisación que venimos denunciando en las demás jurisdicciones donde el Código ya se empezó a implementar. ¿Y sabés cuáles son las consecuencias de esto? Lo que se juega es la salud de los judiciales, por ese voluntarismo que tiene el trabajador judicial, que da mucho más de lo que puede. A los fiscales les han aumentado el sueldo, porque en los lugares donde se implementa el Código equiparan su salario al de los jueces de Cámara, en cambio a los trabajadores les duplican el trabajo y sin nada”, contrastó.

Y sumó también la realidad de la Justicia civil: “Basta con recorrer el edificio de Independencia y Moreno para ver en qué condiciones están trabajando. No tienen cargos, no tienen nada”, mencionó.

Tras el Banderazo, Piumato se dirigió hasta el edificio del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Mar del Plata, donde encabezó una asamblea con empleados y empleadas, e incluso cruzó al Procurador General de la Nación que se acercó a una reunión con fiscales en la dependencia de calle Independencia. En un tono desestructurado, destacó el compromiso de Eduardo Casal en el pedido de recursos necesarios para la implementación del nuevo Código y le requirió el respeto de la carrera de carrera judicial en la asignación de nuevos cargos.

Pérdida salarial y paro de la CGT

Piumato hizo referencia a la lucha que trabajadores y trabajadoras judiciales llevan adelante por la recomposición de haberes. “Hemos perdido casi un 28% desde diciembre de 2023, cuando las tareas en la Justicia se han incrementado exponencialmente, producto por la crisis social que vive la Argentina”.

“Como judiciales entregamos todo en nuestra tarea diaria. A lo mejor mucha gente no sabe, no podemos buscar esa pérdida salarial en compensación con otro trabajo, porque estamos obligados a la exclusividad con la tarea en la Justicia. Incluso, aquellos que tienen una profesión libre, que en cualquier otro Poder del Estado pueden ejercerla, acá no lo podemos hacer, tenemos bloqueados los títulos. Entonces, nos cargan de obligaciones, nos cargan de trabajo, y a la hora de compensar ese esfuerzo miran para otro lado, o peor, nos bajan lossalarios”, denunció Piumato.

Frente a esta realidad, anticipó que la Unión convocó a un paro de 36 horas, que comenzará este miércoles 9 de abril a las 10 hs, en una jornada donde los y las judiciales acompañarán las marchas de jubilados en aquellas localidades del país donde esté prevista una movilización. En tanto, el jueves 10 será un paro de 24 horas, en consonancia con la medida convocada desde la CGT.

“Si no hay respuesta, los judiciales -que ya venimos en la lucha- estaremos analizando en plenario de delegados cómo será la continuidad. No vamos a cesar hasta que no se haga justicia, con quienes trabajamos en la Justicia”, enfatizó.