A través de un comunicado acercado a Cazador de Noticias, desde Prestadores Unidos MDP manifestaron su absoluto rechazo al reciente comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) respecto del tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Como trabajadores del sistema de prestaciones, usuarios y familias, sostenemos que este documento no sólo niega la crítica situación del sector, sino que incurre en contradicciones, omisiones y datos inexactos que atentan contra la verdad y la dignidad de las personas con discapacidad”, sostuvieron.

En tal sentido, señalaron “inconsistencias en los aumentos de aranceles”. Detallando, “Uno de los puntos más alarmantes del comunicado oficial es la mención a una supuesta “mejora sostenida de los valores prestacionales”, afirmando que en 2024 el aumento acumulado fue del 99%. Sin embargo, los propios datos publicados muestran cifras contradictorias.

“En 2023, con una inflación del 211,4%, los aumentos de aranceles fueron del 114%, generando un desfasaje del 97,4%.

“En 2024, la inflación alcanzó el 117,8%, mientras que los aranceles aumentaron sólo un 74,9%, con un nuevo desfasaje del 42,9%.

“En el primer trimestre de 2025, no se registraron aumentos, mientras la inflación fue del 8,4%.

“En total, entre 2023 y marzo de 2025, la inflación acumulada fue del 347,6%, mientras que los aranceles solo aumentaron un 188,9%, resultando en un desfasaje del 158,7%. Estos números reflejan una pérdida real del poder adquisitivo de quienes brindamos servicios esenciales en el marco de la Ley 24.901, y cuestionan la veracidad del relato oficial”.

Asimismo, remarcaron que “hablar de inclusión sin garantizar el cupo laboral para personas con discapacidad es una contradicción de base. No solo no se cumple con el 4% de trabajadores con discapacidad en el Estado, como establece la Ley N.º 25.689, sino que tampoco existen políticas públicas activas que fomenten su cumplimiento en el ámbito privado, ni se realizan controles efectivos. La ausencia de medidas concretas en este aspecto niega una verdadera inclusión social y laboral”.

Subrayaron, además, que “reivindicamos un modelo social de la discapacidad. La discapacidad no es una “carga fiscal”, ni un privilegio otorgado por el Estado, sino una cuestión de derechos humanos. Reivindicamos el paradigma social de la discapacidad y denunciamos cualquier intento de regresión hacia enfoques biomédicos, asistencialistas o meritocráticos. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a apoyos de calidad, sin discriminación ni precarización”.

Denunciaron también “con profunda preocupación la vigencia de la Resolución 187/2025, en la que se siguen utilizando términos como ´idiota´, ´imbécil´, ´débil mental´ y ´retardado´, violando no solo el marco legal vigente, sino también toda perspectiva de derechos humanos, respeto y dignidad”.

“La realidad es otra. Hoy no existe una inclusión plena. Los tratamientos están en riesgo, los módulos educativos no se garantizan con la frecuencia mínima necesaria, los aumentos prestacionales han sido inexistentes, los prestadores no llegan a cubrir la Canasta Básica de Pobreza y las familias están siendo forzadas a sostener con sus propios recursos lo que el Estado ha abandonado”, enfatizaron.

Finalmente, expresaron su categórico rechazo al comunicado de la ANDIS y exigieron “que se trate con seriedad, sensibilidad y perspectiva de derechos la Ley de Emergencia en Discapacidad. No hay inclusión sin presupuesto. No hay autonomía sin apoyos. No hay derechos sin participación. Exigimos: Urgente recomposición arancelaria con retroactivo. Pago inmediato a los prestadores. Cumplimiento efectivo del cupo laboral. Participación real del colectivo en todas las decisiones que los afectan. ¡Basta de recortes en discapacidad!”.