Los senadores radicales Maximiliano Abad y Carolina Losada se reunieron con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre ellos Ignacio Cichello, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, y Walter Klix, director del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), con el objetivo de avanzar en una propuesta legislativa para actualizar y mejorar el funcionamiento del RENPRE.

Durante el encuentro, se abordaron en profundidad las modificaciones del proyecto de Abad que propone al articulado de la Ley 26.045, que regula el control sobre los precursores químicos, sustancias que pueden ser utilizadas en la producción de drogas ilícitas. El proyecto presentado contempla dos ejes centrales:

ü Actualización de multas: Se propone una actualización de las sanciones económicas previstas en la ley, que no se modifican desde 2005. Las nuevas multas pasarían a estar indexadas al Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que garantiza su actualización automática. Actualmente, las sanciones van de $10.000 a $1.000.000. Con la reforma, irían de $2.680.565 a $268.056.500.

ü Asignación de fondos a la SEDRONAR: Se establece que al menos el 30% de lo recaudado por estas multas sea destinado al fortalecimiento de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), con el objetivo de reforzar las políticas de mitigación del consumo problemático

“Es fundamental poner en agenda este tema y dotar al Estado de herramientas más eficaces para controlar estas sustancias. Tenemos que actuar rápido, ya que hoy resulta más conveniente pagar las multas que son irrisorias, que realizar los trámites para inscribirse en el Registro Nacional de Precursores”, afirmó el senador Abad.

Abad, además remarcó la importancia de actuar de manera preventiva: “Creo que cualquier política pública seria contra el narcotráfico debe ser integral y no solo debe estar destinada a disminuir el tráfico, sino a también a disminuir el daño que la droga genera en nuestra sociedad”.

Abad y Losada (en calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad en el Senado) coincidieron en la necesidad de complementar el trabajo que realiza el Poder Ejecutivo en materia de control del narcotráfico, fortaleciendo desde el Congreso las herramientas legales para hacer frente a esta problemática de manera integral.