El senador nacional Maximiliano Abad presentó en la Cámara Alta un proyecto que endurece las sanciones penales para quienes ejerzan violencia contra trabajadores de la educación, la salud y el transporte público durante el desempeño de sus funciones.

Para ello, pide incorporar un nuevo artículo (41 sexties al Código Penal), elevando en un tercio las penas de cualquier delito del mínimo y del máximo cometido “con motivo u ocasión” del trabajo de la víctima cuando ésta sea docente, integrante del equipo de salud o trabajador del transporte público.

“Estamos frente a una escalada de violencia contra personas que prestan servicios esenciales,” sostuvo Abad. “Si no protegemos a quienes educan, curan y trasladan a la ciudadanía, el costo social se multiplica. Necesitamos vivir en una Argentina normal”, señaló.

Existe actualmente un agravamiento delictual resultando víctimas quienes prestan servicios esenciales, que padecen el accionar típico por su calidad y condición de tal. Estas conductas, atemorizan y conspiran contra la correcta convivencia de los ciudadanos y a la eficaz atención de servicios, tal como se vio reflejado en hechos de las últimas semanas..

La iniciativa destaca que la agresión a estos sectores repercute en toda la comunidad: suspensión de clases, cierre de guardias y paralización de líneas de transporte. Por eso, el proyecto plantea que cualquier lesión, amenaza, robo o daño cometido mientras la víctima desempeña —o a causa de haber desempeñado— su función reciba un castigo mayor que el contemplado hoy.

“Propongo entonces que las penas de los condenados por delitos contra trabajadores del transporte, docentes o médicos, enfermeros o prestadores de salud, se agraven respecto de sus originales, puesto que quien lo comete demuestra desprecio a quien los educa, transporta o los cura”, planteó el Senador Nacional.

Abad subrayó que el texto recoge reclamos de gremios docentes, colegios médicos y sindicatos del transporte: “Los trabajadores esenciales merecen un paraguas de protección específico. Agravar las penas es un mensaje claro: la violencia no puede ser parte de la rutina laboral”.

Para Abad, “la ley debe disuadir, pero el Estado tiene que prevenir”, y no dudó en afirmar que “las escuelas, hospitales y unidades de transporte deben ser espacios seguros”.