El fallo de la Corte Suprema que confirma la condena a Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilita para presentarse como candidata en la provincia de Buenos Aires implica un grave hecho de proscripción política que debe ser repudiado. Un régimen político que se apoya sobre la exclusión de opositores del proceso electoral no cumple la más elemental norma de una democracia.

Los fundamentos de la Corte son un aval a un proceso judicial que no pretende esclarecer la enorme trama de corrupción que reina en Argentina, en el que tienen sus huellas digitales todos los gobiernos y cuyos beneficiarios son los principales empresarios del país. A ellos no se los investigó ni siquiera tras la "causa de los cuadernos", como tampoco el fraude de Macri con Correo Argentino o de su primo Ángelo Calcaterra con el soterramiento del Tren Sarmiento. Lo único que motoriza las causas judiciales son los intereses por condicionar el proceso político, lo cual delata un régimen de proscripción.

Cristina es responsable por las corruptelas evidentes con la obra pública durante su gobierno. Pero el Poder Judicial actúa en función de los intereses políticos de las camarillas que operan en su interior. Hay una presión de los grupos capitalistas para proceder a la proscripción de CFK. También hay quienes enmarcan el fallo en los choques entre La Libertad Avanza y el PRO, con Macri quitando a Milei un elemento de polarización con el kirchnerismo que lo beneficia en su tentativa de engullirse al resto de las fuerzas políticas de derecha. Los derechos del electorado quedan supeditados a estas oscuras pulseadas de los políticos capitalistas.

La burocracia sindical que no lucha contra los despidos y cierres de fábricas, que firma paritarias con los topes oficiales y no movió un dedo ante el decretazo antihuelga, ahora se acuerda, en algunos gremios, de movilizar por Cristina. En todo caso en un plan de lucha para derrotar toda la ofensiva de Milei, el FMI y los gobernadores, el movimiento obrero puede rechazar la proscripción política.

El uso de la Justicia para la proscripción de opositores es además el corolario de su utilización para perseguir a luchadores y militantes mediante el armado de causa truchas, cuya mayor expresión es el fraude judicial contra el Polo Obrero. El correlato de un régimen de proscripción es el ataque a las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores.