Aquel escándalo que en marzo pasado sacudió al gobierno de Javier Milei tras conocerse que una integrante dela Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la Argentina había entrado al país con algunas valijas sin pasar por los controles correspondientes, resultó ser peor de lo que se supo hasta entonces. Las valijas que viajaron desde Estados Unidos y no pasaron por la Aduana fueron 10 y la Justicia investiga el hecho por posible contrabando, entre otras hipótesis.

El escándalo estalló tras el impulso que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el Ministerio Público Fiscal le dieron al caso, que avanza hacia un nuevo jaque a la administración nacional.

Lo que se había revelado por aquellos días fue lo siguiente: una mujer llamada Laura Belén Arrieta, ex azafata de 32 años, ingresó en un vuelo privado de Royal Class -propiedad del empresario Laonardo Scatturice -flamante dueño de Fly Bondi y vínculo entre Milei y la CPAC- proveniente de Miami. Llegó con cinco valijas que no fueron controladas -al parecer- por sus fuertes vínculos con empresarios y funcionarios del Gobierno producto de su ligazón con la CPAC íntimamente vinculada al presidente Donald Trump.

Lo que se dijo fue que “por orden de arriba” el equipaje de la mujer no debía pasar por Aduanas. Sacudido por esas revelaciones, el Gobierno salió a despegarse del hecho. “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, había dicho el vocero Manuel Adorni, negándolo todo.

Pero ahora, tras el impulso de la investigación por parte de los fiscales de la causa se reveló que la cantidad de valijas sin declarar fueron 10, el doble de lo que se había rumoreado. Y que para colmo hay más personas involucradas.

Los nuevos datos fueron dados a conocer por el canal TN que indicó que la Justicia investiga el hecho como un posible “contrabando”. Se conocieron nuevas imágenes de las cámaras de seguridad de Aeroparque que dan cuenta de la irregularidad, y a ello se sumaron las declaraciones de los funcionarios jerárquicos que intervinieron y que fueron clave para conocer la maniobra.

Los que no pasaron los controles aduaneros habrían sido varios pasajeros. Y según el dictamen de la Fiscalía, tanto los tripulantes, José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto, como Laura Arrieta, “fueron reconducidos” por personal de Aduanas “sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje.

A los demás pasajeros del vuelo privado sí se los controló. Y es por eso que “esa diferencia en el tratamiento resulta particular llamativa”, dijeron los fiscales. “El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”, recalcó el escrito.

Al parecer, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no había registrado la nave. Es más, los registros migratorios demostraron que también hubo falsedad en los destinos de la nave, propiedad del nuevo dueño de Fly Bondi.

Los registros declararon que el vuelo partió de la ciudad de Fort Lauderdale cuando en rigor salió de Opa-Locka (otra localidad del estado de Florida), y se informó que el vuelo saldría desde Buenos Aires de regreso a Fort Lauderdale, siendo que en verdad viajó luego hasta París.

Según la investigación judicial, también se detectó un “comportamiento inusual” de Laura Belén Arrieta. Las cámaras de seguridad de Aeroparque dieron cuenta que la mujer bajó del avión “con un teléfono que había sido entregado a una agente de la Aduana, que respondió con el gesto de ‘Ok’”.

Como integrante de la CPAC y virtual vínculo entre esa organización republicana y el gobierno de La Libertad Avanza ( LLA), Arrieta había sido organizadora de la cumbre que ese colectivo de empresarios y dirigentes de ultraderecha realizaron en diciembre pasado en la Argentina, y en la que Javier Milei fue el protagonista principal.

Luego de conocerse el escándalo por las valijas no declaradas, el diputado de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique el hecho y que una comisión lo investigue.