Prestadores Unidos MDP conjuntamente con personas con discapacidad, centros y transportistas volvieron a manifestarse frente al Palacio municipal a la par del tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputado de la Nación, y 48 horas después de que el Juzgado Federal de Campana respondiera a un recurso de amparo presentado por dos personas y declarara como inconstitucional el veto presidencial de Javier Milei a la Ley Nº 27.793, sentando un precedente para futuros reclamos.

En este contexto, Cazador de Noticias dialogó con Jesica Machado, integrante de Prestadores Unidos MDP, quien sostuvo que “tanto para los prestadores como para las personas con discapacidad se trata de un veto político, que no tiene nada que ver con lo económico o con los fondos como se puso en el decreto por el cual se vetó la Ley de Emergencia en discapacidad, ya que hemos visto que se hicieron muchas acciones que podrían haber generado el dinero que se podría haber destinado al cumplimiento de lo que se expresaba en la Ley de Emergencia en Discapacidad, que representaba el 0,03 del PBI como, por ejemplo, el tema de las retenciones al campo, el aumento de las jubilaciones de privilegio, el gasto en campañas publicitarias por las épocas de elecciones o traslados en helicópteros , etc. Es decir que el dinero estaba pero fue una decisión política no destinarlo a las personas con discapacidad y los prestadores como, también, fue una decisión política no destinarlo a los jubilado”.

Acto seguido, aseveró que “los prestadores venimos completamente precarizados y seguimos sin aumento desde el mes de diciembre del 2024, nuestros honorarios profesionales quedaron casi por la mitad de los colegios profesionales de una prestación que se le brinda a una persona que no tiene discapacidad, entendiendo que cuando se brinda una prestación a una persona con discapacidad, hay que tener una formación específica; somos todos altamente calificados para trabajar en la discapacidad y sentimos que venimos, desde hace mucho tiempo, viendo vulnerados nuestros derechos como trabajadores y precarizados”.

Y agregó: “Nos angustia a nosotros como trabajadores, pero también por todos los derechos que se recortan a las personas con discapacidad como el acceso a las terapias completas, el acceso al transporte , el acceso a la educación , violan los derechos que ellos ya tienen conseguidos porque esta Ley de Emergencia no hablaba de nuevos derechos, sino de aquellos que ya habían sido adquiridos , que que están en la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, en la ley de Educación y que se están viendo vulnerados, recortados y precarizados en todo este tiempo” .

“Así que la convocatoria de hoy tiene que ver con mostrar el descontento con el veto y reclamarle a los diputados el compromiso para que la Ley se vuelva a aprobar, que no se dejen amedrentar por el gobierno, que estaba diciendo que los que votan a favor son criminales , que se entienda que detrás de cada una de estas palabras hay personas que están dentro de un colectivo que esta vulnerado y vulnerable desde el inicio por su discapacidad, y que no solamente se atenta contra derechos adquiridos sino que las personas con discapacidad requieren un tratamiento intensivo, que si no se lleva a la práctica puede afectar su calidad de vida y, en algunos casos, la vida de nuestros pacientes, como tenemos compañeras kinesiólogas respiratorias que si no asisten a unas sesiones, el paciente puede desarrollar neumonía y puede morir”, recalcó.

Por su parte, Juan Goldar, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad, añadió que “hoy estamos nuevamente acá tratando de brindar apoyo para que salga favorable el rechazo del veto, porque necesitamos de manera urgente la actualización de aranceles, todos los prestadores y primordialmente el transporte en discapacidad. Hoy no se puede llevar a cabo la actividad de manera eficiente”.

Asimismo, señaló que llevan ocho meses sin actualización de aranceles, lo que obliga a los transportistas a reducir gastos básicos de mantenimiento. “Un cambio de aceite que debería hacerse a los 10 mil kilómetros se hace a los 15 mil, o se compra la marca más barata. Establecemos prioridades para subsistir, pero no se puede seguir adelante así”, advirtió.