El concejal Diego García de Unión por la Patria presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante para que el Municipio avance en la firma de un convenio con el Estado Nacional y así poder reabrir un sector del ex Asilo Saturnino Unzué, actualmente cerrado y sin uso, para la atención de áreas municipales como Niñez, Discapacidad y Salud Mental.

“Estamos hablando de un espacio emblemático y reconocido por todos los marplatenses, que hoy se encuentra abandonado y desvalorizado. Es un edificio que ya cuenta con las condiciones necesarias para recibir personas, por lo que no requiere grandes inversiones de infraestructura y puede volver a cumplir un rol fundamental en la vida de nuestros vecinos”, señaló García.

El predio ubicado sobre calle Santa Cruz funcionó hasta 2023 como Centro de Referencia (CdR) del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde se brindaba atención y acompañamiento a cientos de familias. Sin embargo, tras la decisión del actual Gobierno Nacional de cerrar los CdR y discontinuar programas de asistencia, quedó clausurado, iniciando un proceso de deterioro que preocupa a la comunidad.

El Unzué no es un edificio cualquiera: inaugurado en 1912 como asilo para niñas, con el tiempo se transformó en un patrimonio histórico de General Pueyrredon, vinculado siempre a funciones sociales y culturales. En la última década, recuperó protagonismo como espacio abierto al público, con actividades para familias, espectáculos y propuestas educativas, especialmente en vacaciones de invierno y verano.

“Ese rol de cercanía y acompañamiento es el que queremos recuperar. No se trata solamente de mantener vivo un patrimonio arquitectónico, sino de darle sentido a un lugar que siempre estuvo pensado para estar al servicio de la gente. Nuestro planteo es claro: que el Municipio gestione este espacio y le devuelva funciones sociales concretas, porque cuando el Estado está presente, los vecinos recuperan derechos”, remarcó el concejal.

De prosperar el convenio, el Municipio contaría con oficinas listas para funcionar, sin necesidad de grandes erogaciones ni gastos en infraestructura, y se garantizaría la atención en áreas sensibles como la protección de la niñez, la inclusión de personas con discapacidad y la salud mental. “Hasta el 2023 funcionaron distintos organismos claves que hoy día los vecinos perdieron, ya no tienen esa posibilidad de acercarse y resolver sus problemas en el Unzué. Además, esto no implica un gasto para el municipio, es un edificio público que, formando un convenio, no implica gastar en alquiler, invertir en infraestructura, ni ningún gasto de más.”

“Es una decisión política que puede transformar rápidamente un espacio hoy vacío en un lugar de encuentro y asistencia, en un momento en el que la sociedad necesita más presencia del Estado y no menos”, concluyó García.