En julio, una familia tipo en la Argentina necesitó casi cuatro salarios mínimos para no caer por debajo de la línea de pobreza y cubrir el costo de la canasta básica, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA). La comparación entre el salario mínimo y la línea de pobreza muestra una situación incluso peor que la del año 2001, un deterioro que también se observa en otras variables analizadas, como las jubilaciones mínimas y la desindustrialización. En la actualidad, el salario mínimo equivale a una quinta parte del salario promedio del empleo registrado privado.

El estudio cotejó el valor de la Canasta Básica Total (CBT) publicado por el Indec —que determina el umbral de pobreza para un hogar tipo— con el ingreso de un trabajador informal, que habitualmente percibe el salario mínimo. En julio, la CBT se ubicó en 1.149.353 pesos para un hogar integrado por dos adultos y dos niños, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) alcanzó 317.800 pesos. Así, se necesitaron casi cuatro salarios mínimos para afrontar el consumo mensual de alimentos, bienes y servicios.

Al analizar este escenario, desde Cifra sostuvieron que “la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001”. Con este retroceso, advirtieron que “el valor real del salario mínimo es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad, marcando un retroceso histórico en su capacidad para reducir la desigualdad”.

En esa línea, el reporte expuso que “la pérdida sufrida durante este Gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en agosto de 2025 en un nivel real que resulta 43,4 por ciento más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 56,7 por ciento menor que noviembre de 2015”, al término del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo a los cálculos realizados para este estudio, estimaron que “si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, superaría actualmente los 740.000 pesos”.

En este contexto, el informe remarca que “esta fuerte reducción ha debilitado la relación entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados: representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado”.

El centro Cifra viene realizando análisis de largo plazo que permiten dimensionar la magnitud de la crisis actual. Las comparaciones históricas de la gestión de Javier Milei muestran indicadores incluso peores que los de 2001, tanto en materia de jubilaciones mínimas como en el proceso de desindustrialización.

Esta referencia al período de mayor recesión de la historia reciente del país no es un dato menor: sirve para calibrar el alcance de la situación que atraviesan familias y empresas, que viven con un dólar relativamente estable y una inflación en desaceleración, pero con un marcado deterioro en los ingresos y la producción.

En el marco de la política de ajuste del gasto público que impulsa el Gobierno, los haberes previsionales sufrieron un retroceso inédito durante 2024, de acuerdo con los relevamientos de Cifra. “En 2024 el poder adquisitivo de la jubilación promedio cayó 10,2 por ciento anual, mientras que la jubilación mínima perdió 18,7 por ciento, quedando en un nivel coincidente con el del crítico año 2001”, señalaron.

Con una mirada estructural, el centro también analizó la evolución del valor agregado industrial y detectó que se contrajo un 19 por ciento entre 2011 y 2024. Ese retroceso en trece años superó ampliamente la caída acumulada en el período 1976-2001, cuando la industria perdió 10,3 por ciento en veintiséis años. La comparación evidencia un deterioro mucho más acelerado de la base productiva y del empleo industrial.

Otra de las conclusiones relevantes es la evolución del PIB industrial per cápita. Entre 2011 y 2024 la disminución fue de 2,5 por ciento anual, mientras que en el ciclo 1976-2002 había sido de 1,7 por ciento anual. El contraste marca un agravamiento de la tendencia desindustrializadora, que lejos está de superarse bajo el modelo actual que tiende a la primarización del aparato productivo.

Cifra señala que el retroceso no puede atribuirse únicamente a coyunturas externas adversas, sino que responde también a decisiones de política económica que priorizaron la apertura comercial y la disciplina fiscal sobre el sostenimiento del aparato productivo y del mercado interno. En este sentido, la contracción de la industria y el deterioro de los ingresos previsionales son dos caras de una misma estrategia de ajuste.