La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia que obliga al Ejecutivo Municipal a entregar, en un plazo de diez días hábiles, la información ambiental solicitada por un vecino sobre el polémico desarrollo inmobiliario “La Reserva Explanada”, en el barrio El Alfar. Si no cumple, la Comuna podría enfrentar sanciones por incumplimiento de sentencia.

El fallo deja en evidencia una omisión grave: desde noviembre del año pasado el Municipio no respondió en tiempo ni forma al pedido de acceso a la información.

“La falta de respuesta constituye un proceder arbitrario e ilegal de la Administración, conculcando el derecho de acceso a la información”, señalaron los camaristas en una resolución que ratifica lo dispuesto por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 en junio pasado.

El Ejecutivo había sostenido que el pedido no correspondía porque el vecino ya había participado de una audiencia pública y porque lo solicitado era “documentación técnica” y no ambiental. Pero la Cámara fue contundente: el acceso a la información es un derecho autónomo y debe garantizarse con respuestas formales, fundadas y en plazos razonables.

Cabe recordar que el proyecto “La Reserva Explanada” apunta a urbanizar tierras linderas a la Reserva Turística Paseo Costanero Sur con torres residenciales de hasta 12 metros y una densidad de 100 habitantes por hectárea, sobre un predio que requiere remoción de médanos y que impactaría en el paisaje costero. El expediente urbanístico, aprobado en tiempo récord en 2022, ya había encendido críticas por los indicadores hechos a medida.

Todo comenzó a fines de 2022, cuando el Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó la ordenanza 25.848/222 en un tratamiento legislativo “exprés”, que permitió ampliar las posibilidades de edificación de viviendas multifamiliares en zonas de fragilidad de médanos y reserva forestal.

Unos meses antes, el empresario Esteban Alberto Materia había ingresado una nota particular donde solicitaba “la reinstalación de indicadores urbanísticos y normas territoriales para el predio y/o sector conocido comercialmente como balneario La Reserva”, persiguiendo el objetivo que más tarde se haría público: el emplazamiento de un complejo de edificios de uso residencial uni o multifamiliar con una densidad de 100 habitantes por hectárea.

Desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires distrito 9, en un extenso y detallado informe, advirtieron sobre múltiples consecuencias negativas: la fragilidad ambiental, el desmonte de especies implantadas, el impacto en la remoción de médanos, el peligro de las construcciones que impermeabilizan el terreno y pueden provocar inundaciones mayores tanto en el terreno del proyecto como en los barrios aledaños, el valor paleontológico y arqueológico que no está siendo tenido en cuenta y el acceso a las playas públicas, entre otros puntos en conflicto.