Este viernes, el expediente que apunta a presuntas coimas en contrataciones de medicamentos avanzó con dos hechos clave: el hallazgo de fondos no declarados y la renuncia de los abogados de uno de los principales implicados.

Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes representaban a Diego Orlando Spagnuolo, presentaron un escrito ante la Justicia notificando su apartamiento de la defensa. “Por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo”, expresaron en el documento.

La dimisión se conoció pocas horas después de que el fiscal federal Franco Picardi ordenara allanamientos en propiedades de Spagnuolo y del también ex funcionario Daniel Garbellini, ubicadas en un barrio privado. Durante los procedimientos, y en un operativo paralelo en una sucursal bancaria, los investigadores encontraron en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo USD 80.000 y 2.000 euros sin declarar, además de documentación vinculada a la causa.

Aunque por ahora ni Spagnuolo, ni Garbellini ni los propietarios de la droguería Suizo Argentina —también bajo sospecha— fueron formalmente imputados, el expediente continúa bajo secreto de sumario. El juez Sebastián Casanello aguarda las opiniones de la fiscalía y de la querella (representada por la ONG Poder Ciudadano) antes de resolver sobre un planteo de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, dueña de la droguería.

Ese pedido cuestiona la legalidad de las grabaciones que dieron origen al caso y denuncia una supuesta vulneración al derecho a la intimidad, por lo que busca anular toda la investigación. Ni Spagnuolo ni Garbellini adhirieron a esa presentación, y su anterior defensa había solicitado más tiempo para revisar el expediente. En el entorno del ex titular de la ANDIS no descartan que evalúe convertirse en imputado colaborador, aunque aseguran que aún no tomó una decisión.

Mientras tanto, en paralelo, el consultor libertario Fernando Cerimedo declaró como testigo ante el fiscal Picardi y ratificó que Spagnuolo le detalló durante 2024 un esquema de presuntos sobornos que, según él, terminaba en la Secretaría General de la Presidencia. Cerimedo aclaró que no fue quien grabó los audios y que el ex funcionario conocía el peso de sus palabras como abogado.

El caso se originó con una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien entregó las grabaciones a la Justicia tras su difusión en el canal Carnaval Stream. En tanto, el Gobierno denunció en otro expediente una presunta operación ilegal de inteligencia tras filtraciones de audios vinculados a Karina Milei, investigación que ahora lleva el fiscal Carlos Stornelli y en la que declararon los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial.

Así, la causa principal avanza en una etapa decisiva, con pruebas cuestionadas, renuncias en la defensa y crecientes sospechas sobre el patrimonio del ex titular de la ANDIS.