Esta semana, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de la legisladora de la izquierda, Laura Cano, que expresa su preocupación y repudio por la instalación de un bar y una destilería por la instalación de un bar y una destilería en el predio del Faro de la Memoria, donde durante la última dictadura militar funcionó un centro clandestino de detención.

La iniciativa, impulsada por la diputada del bloque FIT Unidad, busca visibilizar el reclamo de organismos de derechos humanos, vecinos de Mar del Plata y sobrevivientes de la última dictadura militar que rechazan la decisión del Concejo Deliberante de habilitar un emprendimiento gastronómico en ese espacio.

Es preciso mencionar que, el debate se reactivó en las últimas semanas luego de que 15 concejales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza votaran a favor de la ordenanza que cedió parte del terreno municipal de El Faro a la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, que a su vez lo transfirió a la empresa Gin Restinga (Burbarrel S.A.).

Tras esta medida, referentes de organismos de derechos humanos presentaron una denuncia penal por delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública, que alcanza tanto a los concejales que respaldaron la ordenanza como a los responsables de la sociedad de fomento y a los empresarios beneficiados.

Es que, la polémica ordenanza 26.400 autorizó el permiso de uso y ocupación de la parcela ubicada en Avenida de los Trabajadores 5700. Allí, durante la dictadura, funcionó un centro clandestino de detención vinculado a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), que si bien una parte del predio fue resguardada como Sitio de Memoria gracias a la lucha de sobrevivientes y organismos, aún persiste el reclamo de que la totalidad del lugar sea preservada como prueba judicial y espacio de memoria.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos, los organismos de derechos humanos señalaron una presunta maniobra defraudatoria a través de la triangulación entre concejales, la asociación vecinal y la empresa Gin Restinga, y denunciaron que las autoridades actuaron “con dolo” al estar al tanto de que el predio formaba parte de un circuito de represión ilegal y torturas, pero avanzaron igualmente con un negocio recreativo.

Asimismo, los denunciantes remarcaron que durante el debate en el Concejo Deliberante hubo advertencias explícitas de que la medida podía derivar en responsabilidades penales.

Por su parte, la diputada, autora del proyecto aprobado este jueves en Diputados, sostuvo que la medida municipal constituye un “ataque negacionista” y recordó que, mientras a nivel nacional algunos sectores relativizan los crímenes de lesa humanidad, también se producen despidos en sitios de memoria. Para la legisladora de la izquierda, la decisión de permitir un bar en un predio de estas características resulta “inconcebible” y contradice los compromisos asumidos en materia de preservación de espacios vinculados al terrorismo de Estado.

En paralelo, la denuncia penal apunta también contra las autoridades vecinales Andrea Trueba y Rebeca Mosqueda, y contra los representantes de Gin Restinga, a quienes acusan de administración fraudulenta, cohecho y defraudación. Además, se solicitaron medidas cautelares para frenar las obras hasta tanto se resuelva la cuestión judicial.