El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que había sido vetada por él mismo y luego tuvo la insistencia de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, su entrada en vigencia fue suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

La medida se implementó a través del Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del mandatario, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Salud, Mario Lugones.

La norma dedica largos párrafos de considerandos a justificar la postergación en la falta de previsión presupuestaria. En el decreto se advirtió que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación” y que, incluso reasignando todas las partidas de los tres poderes del Estado, los fondos resultarían “igualmente insuficiente”, por lo que solo un aumento del presupuesto aprobado por el Congreso podría garantizar la sostenibilidad de la medida.

En esa línea, repasa que “la implementación de la Ley N° 27.793 demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $3.019.508.900.000, equivalente a 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI)”.

“En virtud de lo hasta aquí dispuesto, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la Ley N° 27.793 la que, sin embargo, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”, concluye el texto.