En el marco de las movilizaciones en todo el país para exigir la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso con dos tercios de los votos y promulgada tras el veto presidencial, la concejal del espacio Radicales en Unión por la Patria, Valeria Crespo, advirtió que esta práctica se inscribe en lo que ya puede llamarse una política de crueldad, descarte y quita de derechos. “Estamos frente a un gobierno que ha hecho de la estigmatización y la deshumanización una marca registrada. Se construye un relato para justificar lo injustificable: la eliminación de beneficios a quienes más los necesitan”, expresó Crespo.

Asimismo, señaló que “en este contexto, el proceso de auditorías sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral revela el verdadero objetivo: no fue corregir irregularidades sino recortar indiscriminadamente derechos adquiridos. Con procedimientos plagados de irregularidades, se suspendieron pensiones de manera arbitraria y sin derecho a defensa, bajo la lógica de cumplir con un ´excel´ antes que con la Constitución”. Y agregó: “El relato oficial insiste en que existían pensiones mal otorgadas, pero en los hechos se trató de una operación sistemática para reducir prestaciones de forma cruel, injusta y planificada”.

Subrayó, además, que “al mismo tiempo, el Presidente decidió obstaculizar la implementación de la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad, enviándola nuevamente al Congreso pese a haber sido promulgada. Se trata de una decisión deliberada de no cumplir con la voluntad soberana expresada por el Congreso Nacional. Desde mi banca de concejal exijo la plena vigencia e implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el cese inmediato de las políticas de estigmatización y descarte que profundizan la exclusión”.

“Las movilizaciones de hoy expresan un grito colectivo contra la crueldad y en defensa de la dignidad. La sociedad no puede permitir que, bajo un relato estigmatizante, se desmantele la protección social y se niegue el derecho a una vida digna”, concluyó.