Un fallo del juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca dispuso que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá restablecer, en un plazo de 24 horas, todas las pensiones no contributivas por incapacidad laboral que fueron suspendidas por el Gobierno de Javier Milei y abonar los haberes retenidos en todo el país. La resolución también prohíbe continuar con las auditorías y nuevas suspensiones hasta que haya una sentencia definitiva.

Se trata de una medida que extiende a todo el territorio nacional la cautelar que ya estaba vigente en el ámbito de dicha provincia. Según destaca el fallo, el proceso de revisión masiva de pensiones por invalidez laboral a través de auditorías de la ANDIS afectó a miles de personas en todo el territorio argentino que quedaron sin ingresos esenciales para su subsistencia.

Un fallo con alcance colectivo

El tribunal reconoció el carácter colectivo del reclamo, al considerar que las suspensiones “impactaron de forma uniforme sobre miles de titulares de pensiones por invalidez laboral en todo el territorio nacional”. Por ese motivo, la decisión extiende la protección a todas las personas afectadas, sin necesidad de que realicen presentaciones individuales.

“Corresponde ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro horas desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas en todo el territorio nacional, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada (Decreto 843/2024) y de disponer nuevas suspensiones”, expresa el fallo.

La sentencia acumula distintas causas impulsadas por organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad, entre ellas la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y afectados particulares con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

Además, el tribunal designó como representantes del colectivo actor a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, destacando su trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Según la resolución, esta representación busca asegurar “la apropiada y responsable defensa de los derechos e intereses en juego en este proceso, a la luz de la expansión de la cosa juzgada”.

El fallo obliga a la ANDIS a restablecer de inmediato los pagos suspendidos y a abstenerse de realizar nuevas auditorías o suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva. Estas medidas cautelares fueron consideradas urgentes por el tribunal, dado que “la pérdida de ingresos pone en riesgo el derecho a una vida digna y la integridad de las personas con discapacidad”.

Con esta decisión, miles de beneficiarios podrán recuperar los haberes que les fueron retenidos desde el inicio del proceso de revisión, que había generado reclamos en distintas provincias del país.