El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se plegó al reclamo federal de las universidades públicas, y exigió “la inmediata promulgación” de la Ley de FinanciamientoUniversitario, advirtiendo que su incumplimiento “constituye un grave perjuicio para el conjunto de las universidades nacionales y un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina”.

Asimismo, remarcó la importancia de esta ley: “Para garantizar las funciones de docencia, investigación y extensión resulta imprescindible contar con asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan la planificación, el sostenimiento y el desarrollo de todas las actividades universitarias”.

También se destaca que la aplicación de esta Ley “generará un impacto positivo” tanto en la Universidad Nacional de Mar del Plata como en el resto de las universidades nacionales, “permitiendo que cuenten con recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones sustantivas con una proyección temporal adecuada”.

Cabe traer a colación que la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso Nacional, vetada por el presidente Milei y luego ratificada por ambas cámaras con más de dos tercios de los votos.

En la Cámara de Diputados, se rechazó el veto del Poder Ejecutivo con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente, la Cámara de Senadores sostuvo el mismo criterio, ratificando la voluntad legislativa de mantener vigente la Ley.

Según la Constitución nacional, cuando eso ocurre, la ley debe ser promulgada y publicada de manera obligatoria, ya que el Congreso ejerce su potestad de insistencia y el veto queda sin efecto.

De acuerdo con el artículo 80, el Poder Ejecutivo dispone de diez días para promulgar la normativa. Sin embargo, al menos hasta ahora, no cumplió con ese paso. La ley, por lo tanto, ya es ley, aunque el Gobierno no la haya promulgado formalmente ni puesto en marcha. Desde la Universidad remarcaron que, de acuerdo con el sistema jurídico argentino, no hacerlo equivale a desacatar una decisión del Congreso.