El Senado convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto. La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención.

Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

Por su parte, el bloque Justicialista, que lidera José Mayans, alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner, se opuso en su totalidad al texto que había conseguido la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, lugar donde le fue retaceado el Capítulo 11 que contenía la derogación de la leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Quiénes acompañaron al Gobierno en el Capítulo 2

El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos, 28 negativos y solo dos abstenciones. El texto en particular contenía dos artículos de la discordia: el 12 y el 30.

Además de ser acompañado por la totalidad de la bancada libertaria, recibió el apoyo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; casi la totalidad de la UCR, con excepción de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger; el PRO; los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi y Carlos “Camau” Espínola; y los peronistas Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés.

Qué contempla el Capítulo 2

El artículo 12 fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden de 4,8 billones de pesos, pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos.

El 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.