Un informe elaborado por las ONGs Mirada Ciudadana y Surfrider revela el incumplimiento sistemático de los contratos en Mar del Plata. En algunas zonas, el espacio de acceso libre se reduce a apenas un 11% durante la marea alta, incumpliendo los pliegos vigentes”.

Bajo el título “Otro Avasallamiento del Espacio Público”, las organizaciones socioambientales Mirada Ciudadana y Surfrider presentaron un relevamiento que pone en cifras una problemática histórica de la ciudad: la pérdida de arena pública frente al avance de las estructuras privadas.

El informe analiza tres puntos neurálgicos: el Complejo Playa Grande, Punta Mogotes y el sector sur del Faro, con resultados que califican de “alarmantes”.

¿Qué dicen los contratos y qué sucede en la arena? El relevamiento pone el foco en el incumplimiento de los pliegos de bases y condiciones. Según las ONGs, la dinámica de mareas y la rigidez de las estructuras de sombra fija generan una exclusión casi total del ciudadano común.

En Playa Grande los contratos exigen garantizar un 30% de sector público. Sin embargo, el estudio demuestra que, en marea alta, el espacio disponible cae estrepitosamente al 16%. A esto se suma una nueva irregularidad: la colocación de sombrillas de alquiler dentro del escaso sector que debería ser libre.

En el caso de Punta Mogotes la situación es aún más crítica. Mientras que por contrato se debería asegurar un 25% de espacio público, la realidad muestra que solo queda un 11% libre durante la marea alta.

A metros de esta zona, hacia el faro Sur, la ocupación por sombra fija alcanza el 100% en marea alta, lo que imposibilita incluso el tránsito peatonal paralelo a la costa.

El contraste de la densidad: 15 veces más apretados

Uno de los datos más reveladores del informe es la disparidad en el uso del suelo. Tomando como caso testigo un día de 26° en Playa Grande, la densidad de usuarios evidencia una desigualdad extrema: en el sector público, cada persona cuenta con apenas 2,55 m2. En el sector privado, cada usuario dispone de 37 m2.

Esto significa que la concentración de personas es 15 veces mayor en el área pública que en la privada, lo que genera una sobrecarga en la infraestructura y una experiencia de uso deficiente para quienes no pueden pagar por sombra.

Desde Mirada Ciudadana y Surfrider cuestionan la rentabilidad social y económica de este modelo: “Los ingresos al municipio por cánones no llegan a significar ni siquiera 1 dólar por habitante al año”, sentenciaron las organizaciones, señalando que lo recaudado no alcanza siquiera para cubrir los gastos operativos del Emturyc (Ente Municipal de Turismo y Cultura). Asimismo, el informe critica que este sistema de "sombra fija" es irracional frente a la naturaleza fluctuante del mar y perjudica la competitividad de Mar del Plata frente a destinos internacionales donde el turista no debe afrontar el costo de alquilar sombra además del alojamiento y la gastronomía.

“Nos encontramos ante una explotación de recursos naturales que beneficia a muy pocos grupos empresarios, imposibilitando el uso del principal espacio público al ciudadano común”, concluyen, en busca de reabrir el debate sobre la gestión de la costa bonaerense.