Un informe del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires reveló que durante 2025 se iniciaron 146.046 procesos penales por violencia familiar y de género, según los datos registrados en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Esa cifra representa el 14,1% del total de procesos penales iniciados durante el año, que alcanzaron los 1.035.350 casos, según datos provisorios.

El documento analiza tanto las causas registradas en el REVIFAG como los casos de muertes violentas de mujeres y mujeres trans o travestis investigados durante el año. Para elaborar la información sobre femicidios, “se revisaron todos los procesos penales iniciados en 2025 vinculados a muertes violentas de mujeres en la provincia de Buenos Aires, independientemente de que hubieran sido o no calificados jurídicamente como femicidio según el artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Posteriormente, cada expediente fue examinado de forma detallada para determinar la existencia de indicadores de violencia de género”, indicaron.

En relación con la distribución territorial de las causas, los departamentos judiciales con mayor cantidad de procesos penales por violencia familiar y de género fueron San Martín, con 23.483 casos, y Lomas de Zamora, con 19.304. En el otro extremo se ubicaron Necochea, con 1.006 procesos, y Pergamino, con 1.829.

Durante el año se registraron 147.902 víctimas en este tipo de causas. Del total, el 73,9% fueron mujeres, mientras que en el 88% de los casos con víctimas femeninas los imputados o sindicados fueron hombres. En cuanto a los delitos denunciados, las amenazas encabezaron las estadísticas con el 27,7% de los casos, seguidas por lesiones con el 24,5% y desobediencia con el 12,3%. También se registraron denuncias por abuso sexual, que representaron el 7,8% de los casos, y por daño, con el 5,5%, entre otros delitos de menor incidencia.

El análisis específico de los femicidios señala que durante 2025 se iniciaron 74 procesos penales por muertes de mujeres producto de la violencia de género, con un total de 78 víctimas fatales, entre ellas una mujer trans o travesti. Estas víctimas representan el 60,5% de la totalidad de mujeres asesinadas en homicidios consumados en la provincia durante ese año, lo que establece una tasa anual de 0,88 víctimas de femicidio cada 100.000 mujeres.

El escrito también detalla que la mayor cantidad de casos se registró en el mes de enero y que el 85,9% de los femicidios ocurrió dentro de viviendas. En cuanto al modo en que se cometieron los crímenes, el principal medio utilizado fue la fuerza física, presente en el 35,9% de los casos, seguido por el uso de armas de fuego, que representó el 23,1%.

Otro dato relevante es que más del 90% de las víctimas conocía a su agresor. En el 64% de los casos existía una relación de pareja, expareja o noviazgo entre la víctima y el femicida. Además, el 55,1% de las mujeres asesinadas tenía entre 18 y 40 años. El informe señala también que 12 de las víctimas habían realizado denuncias penales previas contra el agresor, nueve de ellas en el marco de vínculos íntimos y tres en contextos familiares.

Los femicidios registrados en 2025 dejaron además al menos 83 hijos e hijas como víctimas indirectas, de los cuales 46 son menores de 18 años y 37 mayores de edad.

En relación con los agresores, el informe indica que el 58% tenía entre 18 y 40 años al momento del hecho, mientras que en 13 casos los responsables se suicidaron inmediatamente después de cometer el femicidio.

El relevamiento también identificó 10 homicidios dolosos con víctimas masculinas en contextos de violencia por razones de género. La mitad de estos hechos ocurrió en viviendas y los medios más utilizados fueron armas de fuego y armas blancas, con el 40% de los casos cada una.

A lo largo de los últimos once años, entre 2015 y 2025, la provincia de Buenos Aires registró 1.010 mujeres asesinadas por violencia de género, una cifra que evidencia la magnitud del fenómeno.

Desde el Ministerio Público señalaron que los datos del informe permiten transparentar la dimensión y las características de estos delitos, considerados una preocupación central para la sociedad y las instituciones. Además, el documento busca acercar información a la comunidad y aportar evidencia para el diseño de políticas públicas orientadas a prevenir y combatir la violencia familiar y de género.