En medio de dificultades económicas que complican a los municipios bonaerenses y el reclamo, inclusive en la Corte Suprema, por los fondos adeudados por Nación, el gobernador Axel Kicillof convocó esta semana a los 135 intendentes a una cumbre en La Plata para evaluar el escenario económico a futuro.

El encuentro se realizará el jueves 26 a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación y más allá que están invitados los jefes comunales oficialistas y opositores, la consigna apunta sus críticas a la Rosada: “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”.

El objetivo del encuentro es trazar un diagnóstico sobre la situación de las cuentas de la provincia, producto del impacto del plan económico de Milei, lo que impacta además en la coparticipación a los intendentes. De hecho, muchos de ellos vienen alzando la voz por la complejidad del panorama y la asfixia que tienen las arcas comunales.

En este contexto, el Gobierno de Kicillof le reclama a Nación más de 22 billones de pesos en concepto de deudas por fondos coparticipables y freno de obra pública con financiamiento que la gestión libertaria decidió cortar como parte de sus acciones de freno del gasto público.

El gobernador recibirá a los jefes comunales junto a su gabinete. Al frente de la exposición económica estarán el ministro de Economía, Pablo López, y el ministro de Producción, Ciencia e innovación Tecnológica, Augusto Costa, quienes trazarán un panorama sobre el ahogo financiero por parte de Nación y las consecuencias en la actividad productiva y la pérdida de trabajo.

Cabe recordar que la semana pasada la Corte Suprema realizó una audiencia en el marco de la causa iniciada por el Gobierno bonaerense contra la Rosada luego que suspendiera la trasferencia de fondos del Anses destinados a cubrir los déficits previsionales de las cajas provinciales no transferidas al Estado Nacional. En total, se estima que la deuda de la Anses supera los 2,2 billones de pesos.

Sin embargo, la deuda que reclama la Provincia es muchos más amplia: 8,7 billones corresponden a obras públicas comprometidas y nunca terminadas por Nación; 3,8 billones a deudas directas por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), transferencias previsionales y el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y 3,1 billones por la discontinuidad de programas nacionales. A esta cuenta se suman, además, 4,3 billones por la baja en la coparticipación federal y 2,3 billones en pérdida de recaudación propia como consecuencia del plan económico nacional.