Una numeroso grupo de integrantes del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara) marchó hasta el Municipio de General Pueyrredon para exigir respuestas por el desalojo y la demolición de la feria en la que trabajaban más de 300 familias en la Playa Bristol. En ese contexto, Cazador de Noticias dialogó con Walter Rivero, secretario general del gremio, quien lamentó la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales y aseguró que el operativo realizado fue "ilegal".

"Queremos que alguien nos atienda y nos diga qué va a pasar con toda esta gente", reclamó Rivero, quien explicó que, a raíz del desalojo, más de 200 familias se quedaron sin su principal fuente de ingresos. A pesar de los esfuerzos previos por regularizar el espacio, como la presentación de un proyecto para ajustarse a la normativa vigente, el dirigente denunció que la reacción municipal fue completamente desproporcionada.

Según Rivero, el procedimiento que llevó al desalojo fue violento y no estuvo debidamente autorizado. "Nos mostraron un papel, pero no había una orden judicial. Por eso lo hicieron de madrugada, para evitar que apeláramos a la Justicia", indicó, y añadió que el despliegue de fuerzas de seguridad fue desmesurado, con ambulancias, patrulleros y efectivos con escudos y palos.

El secretario general del sindicato también relató que, además del desalojo, las autoridades realizaron allanamientos en su casa, llevándose pertenencias y hasta ahorros personales de sus hijos. "Todo eso lo tendrá que resolver la Justicia", sostuvo.

Rivero cuestionó la falta de políticas públicas para el sector de los trabajadores informales, que ven en la venta ambulante una de las pocas salidas laborales en un contexto de alto desempleo. "La venta ambulante crece porque no hay empleo. Esto afecta no solo a los feriantes, sino también a los trabajadores de Plaza Rocha y a los choripaneros. El Municipio lo sabe, pero nunca se generaron alternativas", aseguró.

El dirigente comparó la situación con lo ocurrido en La Salada, en Buenos Aires, donde se logró la intervención judicial, pero en lugar de destruir la infraestructura, se optó por organizar cooperativas y buscar alternativas para formalizar el trabajo. "Aquí, en Mar del Plata, no tenemos ninguna propuesta concreta", lamentó.

Respecto a las denuncias judiciales en su contra por presunto cobro irregular a los feriantes, Rivero lo negó tajantemente. "Yo no le cobro a nadie. El sindicato está compuesto por gente sin recursos, muchos no pueden ni siquiera pagar la afiliación", expresó.

Ante la posibilidad de reubicar a los vendedores en la Plaza Rocha, Rivero advirtió que la medida no sería efectiva. "Ya hay mucha gente ahí, no podemos seguir sumando sin planificación", afirmó.

Por último, el dirigente reclamó la apertura de una mesa de diálogo con las autoridades municipales y la búsqueda de una solución para que los feriantes puedan volver a trabajar de manera legal. "Queremos que aparezcan los responsables y que nos den una respuesta concreta. La gente necesita trabajar para llevar comida a su casa", concluyó.

El conflicto sigue sin resolución, y el gremio de vendedores ambulantes continúa exigiendo una solución que contemple los derechos laborales y la necesidad de empleo de las familias afectadas.