Un conflicto por el acceso de la prensa a la Casa Rosada derivó en una nueva fractura dentro del oficialismo. La diputada Marcela Pagano denunció penalmente al presidente Javier Milei y cuestionó la decisión del Gobierno de restringir el ingreso de periodistas acreditados, una medida que consideró grave desde el punto de vista institucional.

La presentación judicial también alcanza a otros funcionarios del entorno presidencial y plantea que la medida vulnera garantías vinculadas con la libertad de expresión y el derecho a informar. El planteo, además de sumar presión sobre la Casa Rosada, profundizó las diferencias internas dentro del espacio libertario.

Según denunciaron desde distintos sectores, la decisión incluyó cambios en el sistema de acreditaciones y restricciones de acceso para trabajadores de prensa que habitualmente cubren la actividad oficial. Desde el entorno gubernamental hubo versiones informales para justificar la medida, aunque la polémica escaló por la falta de explicaciones públicas más precisas.

Pagano fue especialmente crítica al advertir que impedir el trabajo periodístico representa una señal preocupante para la democracia. También remarcó que la sede del Poder Ejecutivo no puede quedar sujeta a decisiones discrecionales que condicionen la cobertura informativa.

El episodio cobró otra dimensión porque la ofensiva judicial provino de una dirigente del propio oficialismo. La movida de Pagano expuso tensiones que venían acumulándose y abrió un frente inesperado para el Gobierno en medio de un conflicto ya sensible con los medios.

En la denuncia se pidió además que la Justicia intervenga con urgencia para revisar la medida, bajo el argumento de que produce un daño institucional mientras se mantiene vigente. Para la diputada, no se trata de un hecho aislado sino de una secuencia de decisiones que generan preocupación.

La controversia también se profundizó por antecedentes recientes de cruces entre funcionarios y periodistas, en un contexto de creciente confrontación. Desde sectores críticos interpretan que las restricciones forman parte de un esquema más amplio de presión sobre voces incómodas.

El caso reavivó el debate sobre los límites del poder frente al trabajo periodístico y dejó abierto un nuevo foco de tensión política. Al mismo tiempo, la denuncia de una legisladora libertaria contra Milei convirtió el conflicto en una señal de fisuras dentro del propio oficialismo.