El Juzgado Federal 3 de Mar del Plata dispuso dejar sin efecto la medida cautelar de no innovar sobre la denominada Parcela 1, un terreno ubicado en las inmediaciones del Faro de la Memoria que se encuentra en disputa por un proyecto de un bar de gin.

No obstante, la resolución judicial estableció que se deberán realizar tareas de prospección mediante el uso de georradar en tres sectores específicos del predio para descartar la existencia de restos o elementos de interés para causas de lesa humanidad.

La decisión del magistrado interviniente surge tras considerar que, a más de cinco meses de impuesta la restricción, no se han hallado pruebas concretas que sustenten la hipótesis de la querella sobre la presencia de material probatorio vinculado al terrorismo de Estado en la totalidad del área. El fallo señala que el inmueble, de titularidad municipal, ha sido utilizado con fines recreativos desde el año 2005, lo que desvanece la posibilidad de hallar indicios fehacientes en sectores que ya han tenido intervenciones previas.

De acuerdo a la resolución, la diligencia pericial estará a cargo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Los trabajos fueron programados para los días 10 y 11 de junio, a partir de las 10.0. Los sectores individualizados como 1, 2 y 4 deberán encontrarse libres de obstáculos, tales como mesas o parrillas, para permitir el libre desplazamiento del equipo técnico y asegurar una lectura precisa del suelo.

El informe pericial previo determinó que el sector identificado como número 3 no resulta apto para la prospección geofísica. Esto se debe a la presencia de una estructura de hormigón preexistente que impide la detección de elementos que pudieran encontrarse debajo de la superficie. Por este motivo, dicha área quedó excluida de las tareas técnicas que se desarrollarán el próximo mes.

La polémica se originó porque la habilitación municipal autorizó a la empresa Restinga Gin a instalar un bar de gin en un terreno lindante al Faro de la Memoria, donde funcionó la ESIM (Escuela de Suboficiales de Infantería Marina), un ex centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar.

La ordenanza generó un fuerte rechazo en la oposición y organismo de Derechos Humanos, quienes consiguieron que la justicia dictara una medida cautelar para frenar las obras en el lugar hasta que se comprobara si existía alguna irregularidad.