La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) confirmó su adhesión al plan de lucha nacional impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y las centrales sindicales, por lo que el inicio del segundo cuatrimestre estará acompañado por una serie de medidas de fuerza.
La primera acción será el lunes 3 de agosto, con la participación del gremio en el paro nacional educativo convocado por CONADU junto a organizaciones docentes y sindicatos estatales de todo el país.
Desde ADUM señalaron que la protesta tiene como principales reclamos la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a las paritarias nacional docente y universitaria, además del rechazo al proyecto de ley denominado "libertad educativa".
El cronograma de actividades continuará el jueves 6 de agosto con una movilización en rechazo al proyecto de ley que, según el sindicato, impulsa la extranjerización de la tierra y que el Gobierno nacional presenta bajo la denominación de "inviolabilidad de la propiedad privada". La entidad sostuvo que la iniciativa implica "un grave ataque a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad", y advirtió que también facilitaría desalojos que afectarían tanto a inquilinos urbanos como rurales. La convocatoria en Mar del Plata será confirmada en los próximos días.
Las medidas seguirán el viernes 7 de agosto, cuando ADUM acompañará la movilización organizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en el marco de la tradicional jornada de San Cayetano. La actividad forma parte del plan de lucha coordinado por las dos CTA y la CGT.
Por último, el gremio informó que CONADU convocó para el 10 de agosto a un plenario de secretarios generales, donde se evaluará la continuidad de las acciones gremiales ante la falta de respuestas del Gobierno nacional al pedido de adelantar la paritaria y, según denunció la federación, el incumplimiento de la medida cautelar que ordena la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.












