La Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (ASPREDIS) y la organización Prestadores Precarizados expresaron su preocupación por las demoras en el pago de las prestaciones y advirtieron que el sector atraviesa una situación de emergencia que podría afectar la continuidad de los servicios destinados a personas con discapacidad.

A través de un comunicado enviado a Cazador de Noticias, ambas organizaciones cuestionaron la falta de certezas respecto de los pagos y señalaron que muchos prestadores llevan entre 60 y 90 días, o incluso más, esperando cobrar por el trabajo realizado.

“En discapacidad, un día más ya no es una demora. Es el quiebre”, plantearon al comienzo del documento, en el que reclamaron información concreta y respuestas de los organismos responsables de garantizar el funcionamiento del sistema.

Según explicaron, el problema no se limita únicamente a la falta de pago, sino que se agrava por la ausencia de información oficial sobre los plazos para regularizar la situación. “Los organismos que deberían informar, gestionar y dar respuestas no anuncian fechas, no explican qué está ocurriendo y no dicen cuándo se resolverá”, cuestionaron.

En ese sentido, los prestadores señalaron que deben recurrir a investigaciones, consultas y distintas fuentes para intentar conocer cuándo recibirán los fondos correspondientes. “¿Por qué quienes sostenemos las prestaciones tenemos que investigar para saber cuándo vamos a cobrar?”, preguntaron.

Advierten por el riesgo de interrupción de las prestaciones

Las organizaciones remarcaron que la situación económica de los profesionales y prestadores ya no permite extender los plazos de espera. Advirtieron que muchos trabajadores deben afrontar gastos cotidianos, mantener a sus familias y sostener sus estructuras de trabajo sin contar con una fecha cierta para percibir sus ingresos.

“No pueden esperar otro día para pagar sus gastos. No pueden esperar otro mes para sostener a sus familias. No pueden seguir financiando un sistema que no les ofrece ninguna certeza”, señalaron.

A partir de esta situación, ASPREDIS y Prestadores Precarizados remarcaron que la crisis no afecta únicamente a quienes brindan los servicios, sino que puede tener consecuencias directas sobre las personas con discapacidad que necesitan tratamientos y apoyos de manera continua.

“Si quiebra el prestador, quiebra la prestación. Y si se interrumpen las prestaciones, se vulneran los derechos de las personas con discapacidad”, advirtieron.

Reclamo al Estado y pedido de paro

Las entidades responsabilizaron al Estado y a los organismos encargados de dar respuestas por lo que calificaron como “silencio, inacción y abandono de los prestadores”.

En el comunicado, además, remarcaron que el reclamo no apunta simplemente a garantizar la continuidad laboral de los profesionales, sino a preservar un sistema que consideran indispensable para garantizar derechos.

“No estamos pidiendo que nos permitan seguir trabajando. Estamos reclamando que nos permitan seguir sosteniendo un sistema que también es un derecho”, expresaron.

Ante este escenario, las organizaciones solicitaron al Foro Permanente de Discapacidad que se pronuncie públicamente y convoque a un paro del sector.

“Cuando el sistema está al límite, un día más no es un día más. Puede ser el día en que un prestador ya no pueda sostenerse”, sostuvieron.

Finalmente, plantearon una serie de interrogantes sobre las consecuencias que podría generar la continuidad de las demoras: “Sin prestadores, ¿hay prestaciones? ¿Quién sostiene los tratamientos si quienes los brindan ya no pueden sostenerse? ¿Quién garantiza entonces el derecho de las personas con discapacidad a acceder y dar continuidad a sus tratamientos?”.

Las organizaciones cerraron el comunicado con una advertencia: “La emergencia no puede seguir esperando. El silencio también tiene consecuencias. Y de esas consecuencias, alguien tiene que hacerse responsable”.