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Libres del Sur rechaza el aumento del boleto y propone un sistema alternativo de transporte público

Por Rodrigo Blanco

Libres del Sur General Pueyrredon

En el contexto actual de pandemia, pasados varios meses de aislamiento social, y en el marco del agravamiento de la crisis económica y social con pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población, resulta insostenible que el gobierno municipal decrete el aumento del precio del boleto, en línea con lo pedido por el empresariado del transporte.

El intendente Montenegro no debe olvidarse de que se trata de un servicio público, que debiera pensarse en pos de garantizar el derecho al transporte. Los y las usuarias, las personas que son la razón de la existencia de este servicio público, deben contar con mecanismos de participación activa en la decisión sobre su regulación.

En el otro extremo, el único interlocutor en el tema para el Ejecutivo resulta ser la presión impuesta por el empresariado del transporte, monopólico y fraudulento, como fuera ya señalado por la Justicia local en el marco de la investigación por los "choferes fantasma", se manifestó desde el pasado 22 de junio con un “paro” nocturno en acuerdo con la dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que derivó también en lamentables y repudiables hechos de violencia.

Es importante caracterizar la situación actual del transporte público en General Pueyrredón: estamos ante una crisis del servicio. Lo que nos obliga a reflexionar sobre las causas, y no ir siempre atrás de las consecuencias poniendo parches que no resuelven la cuestión de fondo. Esta crisis del transporte público no es nueva, no es producto de la pandemia, sino que la cuarentena, como en otros aspectos de nuestra sociedad, pone de manifiesto y profundiza un problema estructural previo. Y es una crisis política, de una política pública negligente y subordinada al poder fáctico, no económica como quieren hacer creer desde la empresa y, peor aún, desde el gobierno local.

Por un lado, la crisis del transporte público tiene un componente histórico que el gobierno de Montenegro repite de las gestiones anteriores de Pulti y Arroyo: la connivencia del Ejecutivo municipal, los empresarios y la dirigencia sindical para defender intereses económicos por encima del interés social.

Un breve repaso de hechos recientes nos muestran que en 2017, los titulares de las empresas fueron procesados por la justicia por el delito de defraudación al Estado por alrededor de $16.000.000 en subsidios entre enero y febrero de 2016, en el marco de la investigación por la utilización de “choferes fantasmas”.
Además, a partir de esta causa, el juez Santiago Inchausti estableció que las empresas 25 de Mayo, Peralta Ramos, El Libertador y 12 de Octubre funcionan a partir de un holding de hecho. Es decir, todas las empresas funcionan bajo el poder de la misma persona: Juan Inza.

La connivencia del gobierno es evidente: la empresa incumple históricamente el pliego de Bases y Condiciones, pero aun así se le renueva el contrato, como si no existiera otra opción.
Asimismo, no se hacen públicos los datos que envía el sistema nacional SUBE mensualmente a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad sobre la recaudación y la cantidad de pasajeros transportados. También cuentan con datos diarios del GPS, y, por lo tanto de la cantidad de kilómetros recorridos por los colectivos. No se da tampoco intervención a organizaciones o representantes de usuarios en los estudios de costos.

Entonces el problema principal es la concentración y monopolización del servicio, que solo fue posible con la complicidad del gobierno. Con ese poder hegemónico hay que terminar para poder construir un servicio municipal que responda a las necesidades del conjunto de usuarios y usuarias.
Por eso proponemos avanzar hacia la municipalización del servicio, con la participación de los y las usuarias, empezando por crear una empresa estatal que inicie con los recorridos más defectuosos de la actual concesión.

Estamos convencidos de que la inversión ya está hecha: con el actual costo del boleto y los subsidios que otorga el Estado nacional (que desde julio hasta diciembre de 2019, fueron de 79 millones de pesos por mes y que desde enero se elevó a 89,6 millones) es posible gestionar y financiar el servicio. Para que realmente se oriente a garantizar la accesibilidad, conectividad e inclusión social y que no sea más un negocio para el sector privado.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.

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