Por Damián Rodrigo Arregui
Director del Centro de Estudios y Formación Ramón Carrillo de Mar del Plata. También se desempeña como docente en Escuelas Secundarias.
Con el comienzo de ciclo lectivo 2021 las desigualdades sociales en materia educativa expuestas con la suspensión de clases presenciales por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio impuesto en marzo de 2020, nuevamente son el principal foco de preocupación.
La ausencia de conectividad en los sectores más vulnerables, así como el espacio físico en sus hogares, la falta de dispositivos electrónicos y el material didáctico para realizar las propuestas pedagógicas fueron durante 2020 el principal obstáculo, para quienes tienen menores recursos económicos, de acceder a una educación de calidad.
Hoy un año después de iniciada la pandemia, el ansiado regreso a la presencialidad se ve afectado por similar desigualdad; ya que la falta de inversión en infraestructura edilicia y la ausencia de recursos económicos golpean muchas veces donde más se necesita.
Paradójicamente, se dan los casos de que aquellos que tuvieron menor acceso a la educación en la virtualidad por lo motivos mencionados, y que potencialmente serían quiénes más necesitarían el contacto en forma presencial, hoy se encuentran con más dificultades para poder cumplimentar el deseado “regreso a las aulas”; debido a que en muchos establecimientos educativos no están dadas las condiciones edilicias para poder concretarlo.
Ante esta difícil situación es importante remarcar que la educación pública de calidad es un derecho y el principal motor de la movilidad social ascendente, el crecimiento personal, la justicia social y el hito principal en una comunidad moderna y próspera. Y aunque, los liberalismos de finales del siglo XIX y el peronismo de mediados del siglo XX lo sabían; quiénes en la actualidad dicen representar los valores de aquellos procesos históricos parecen haberlo olvidado.
Es por eso que hoy, en los albores del siglo XXI y luego de un largo proceso marcado por el abandono, los negociados, la ausencia de un rumbo claro, y el poco interés por atender proyectos a largo plazo, debemos tomar conciencia del valor de la educación.
Es imperativo dejar de lado las niñerías y juegos electorales, las promesas y los discursos vacíos; para asumir esta responsabilidad con la firme decisión política de invertir en la provisión de los recursos mobiliarios y materiales que requiere la educación de calidad qué necesitan todos los alumnos y todas las alumnas de nuestro país, que necesita nuestra Patria. No es una propuesta; es una obligación.
Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.
