La provincia de Buenos Ayres enfrentará un escenario estrepitoso impulsado por la administración liberal en el Sillón de Rivadavia, que intentará reducir su peso político en el marco de un nuevo centralismo político, de carácter mesiánico. El proyecto oficialista consistiría en detonar, doblegar o dividir la provincia en dos o más entidades, con el fin de quitar poder político a la oposición anti-liberal, restándole recursos como la prestación de servicios públicos.

Ante esta situación, los municipios tendrán la oportunidad de reivindicar su autonomía y su rol como actores fundamentales del federalismo bonaerense. Para ello, se deben ejecutar una serie de medidas que implican una reforma constitucional provincial, que reconozca la plena autonomía municipal, la creación de nuevos municipios, la desconcentración demográfica, la cooperación con CABA, la regionalización productiva.

La reforma constitucional debería derogar la Sección VII del Régimen Municipal, que limita las facultades de los municipios, y establecer un nuevo marco normativo que garantice su autonomía política, administrativa, financiera, normativa y constitucional, de acuerdo con el art. 123 de la Constitución Nacional. Así, los municipios podrán dictar sus propias cartas orgánicas, elegir con más independencia sus autoridades, administrar sus recursos, establecer tributos, regular sus asuntos locales. Esta reforma anularía el decreto militar 6.769 que rige a los 135 municipios de la provincia desde 1958.

La creación de nuevos municipios respondería a las demandas de las Delegaciones Municipales que se sienten marginadas por las urbes cabeceras de Municipio, buscando una mayor participación y cercanía con el concepto de “gobiernos locales”.

La desconcentración demográfica, apunta a revertir el fenómeno de la urbanización masiva y desordenada que caracteriza al AMBA, que concentra más del 67% de la población provincial. Esta situación genera problemas de infraestructura, transporte, seguridad, salud, educación, medio ambiente, que afectan la calidad de vida y la competitividad de las empresas.

Por ello, se debe planificar estratégicamente la radicación de población y actividades económicas en otras zonas de la provincia, mediante políticas de ordenamiento territorial, fomento de la inversión, diversificación productiva, generación de empleo.

La cooperación con la ciudad del Buen Ayre mejorará la coordinación y la integración entre ambas jurisdicciones, que comparten historia, cultura y problemática común. Se trata de superar la rivalidad y el aislamiento que han marcado la relación entre la provincia y la urbe, y de avanzar hacia una agenda de trabajo conjunto que aborde los temas de interés mutuo.

La regionalización productiva, es organizar el territorio provincial en ocho regiones, que agrupen a los municipios según sus características geográficas, económicas, sociales y culturales. Las mismas tendrían un órgano de gobierno propio, integrado por representantes de los municipios, que se encargaría de planificar y ejecutar políticas de desarrollo regional.

La reforma tributaria implica una revisión y una racionalización del sistema impositivo provincial y municipal, con el fin de simplificarlo, actualizarlo, hacerlo más equitativo y eficiente, y evitar la doble imposición. Se ampliará la base tributaria, reducir la evasión y el fraude, mejorar la recaudación y la distribución de los recursos, y favorecer la inversión, el consumo y el ahorro.

Los intendentes, como máximos responsables de los gobiernos locales, tendrán que asumir el desafío de implementar estas medidas, con el apoyo de sus concejos deliberantes y de sus comunidades. Para ello, deberán formalizar sus economías de sus municipios, el 40% de la misma es informal, reducir los “agujeros negros” de sus administraciones, trabajar en conjunto con los intendentes de los municipios cercanos, y lo más importante, recuperar los valores de la familia, único eje ordenador del barrio y de la comunidad.

Estas son algunas de las propuestas que debemos plantearnos para una REFUNDACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOS BONAERENSES. Sabemos que es un proyecto ambicioso, pero necesario, que requiere de la voluntad política, el consenso social y el compromiso de todos nosotros.

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