El intendente de General Pueyrredon quiere declarar la “esencialidad” del empleo municipal para que los trabajadores no puedan hacer huelga.

Frente a los conflictos gremiales que se agudizan por la asimetría en el aumento del costo de vida y la recomposición salarial, el intendente Guillermo Montenegro tuvo una epifanía: si los trabajadores realizan un servicio indispensable para la comunidad, no deberían dejar de cumplirlo aún cuando manifiesten un reclamo laboral o decidan medidas de fuerza como retención de tareas, movilizaciones o paro general. En palabras del alcalde: “Elevamos una ordenanza para declarar servicio público esencial al trabajo de los empleados municipales de nuestra región: esto significa que no van a poder hacer más paros. Cada una de las personas que trabaja en el Estado tiene una responsabilidad enorme que es prestarle servicio a los vecinos, y esta responsabilidad no se puede frenar por una medida de fuerza”.

Tal afirmación encierra una paradoja, porque si se reconoce la importancia vital de los agentes para que el Estado brinde los servicios que necesitan los ciudadanos, es de la misma lógica que reciban por ello la retribución justa que les permita vivir de lo que cobran a fin de mes (o a principios del siguiente, como sucede en este caso). Además, es ocioso aclarar que el derecho de huelga está consagrado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y no puede ser modificado por una Ordenanza…

También dijo el mandatario que:“El empleado público tiene un privilegio sobre el resto de los trabajadores: la estabilidad. En nuestra ciudad el 90 % del empleo es privado, carecen de ese privilegio de la estabilidad”.

Pero en realidad no se trata de un privilegio,“La estabilidad en el empleo público no sólo constituye un derecho, sino que también constituye un requisito para garantizar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. Es por ello que los y las trabajadoras del Estado deben ser fehacientemente reconocidos como actores fundamentales en la consecución de los objetivos del Estado” (Graciela Rabboni, Licenciada en Gestión de Políticas Públicas y María Andrea Pace, Abogada, docente).

En la Provincia de Buenos Aires existen 135 municipios, y en la República Argentina hay más de 2300 gobiernos locales. En cada una de las ciudades y poblados los trabajadores municipales se ocupan diariamente de múltiples tareas como atender escuelas y hospitales, ordenar el tránsito, cortar el pasto, controles bromatológicos, alumbrado público, mantenimiento de rutas y caminos, recolección de residuos, saneamiento ambiental, centros culturales, deportes y recreación, transporte, obras públicas, limpieza de cursos de agua, etc.

Toda la estructura administrativa del Estado (a nivel nacional, provincial y municipal) se sostiene en el trabajo de los empleados públicos. Son esenciales para satisfacer las necesidades de la población, y tienen derecho a la estabilidad laboral, a un trato y condiciones equitativas, y a una retribución justa; a los beneficios de la seguridad social, protección integral de la familia, acceso a la vivienda y jubilaciones y pensiones dignas. Cualquier restricción o política coercitiva será un retroceso inadmisible.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.