A mediados de la década de 1980 en los paredones de todo el país podía leerse la consigna que los jóvenes militantes del Partido Humanista de Argentina pintaban contra el Fondo Monetario Internacional. Era todavía la primavera democrática con un presidente Raúl Alfonsín que lidiaba con el lastre de la deuda externa que dejó la dictadura militar.

El endeudamiento externo había crecido desde 1976 de 8.300 millones de dólares a 44 mil millones en 1983, hasta 63 mil millones en el final del período de Alfonsín (1989), y hasta 112.500 millones de dólares en las dos presidencias de Carlos Menem. Para el Cdor. Carlos Mozuc (de la Fundación Aconcagua) el origen y crecimiento de esa deuda se debía a: Constante toma de nuevos préstamos de manera irresponsable para financiar inversiones y gastos con fines electoralistas; aplicación dudosa de buena parte de esos fondos, dando lugar a negociados entre funcionarios de turno y prestamistas; financiación del déficit fiscal con endeudamiento para evitar la inflación por emisión monetaria; estatización de la deuda privada de grandes empresas; y, fundamentalmente, por las sucesivas refinanciaciones debido a la imposibilidad de pagar los intereses.

La crisis social, política y financiera de 2001 marca un punto de inflexión. Es el fracaso de un modelo administrado por el presidente De La Rúa y el ministro Domingo Cavallo, en base al programa económico monitoreado por el FMI que arrojaba una deuda de casi 145 mil millones verdes. El default representó más del 160% del Producto Interno Bruto (PIB).

Un renovado peronismo es elegido en 2003 con Néstor Kirchner, quien logra acordar con el 76% de los acreedores y reestructura gran parte de la deuda. Además, decide pagar al FMI y obturar de ese modo la injerencia del organismo internacional. Su sucesora, Cristina Fernández, continúa con ese posicionamiento (vale recordar que el mismísimo presidente Juan Domingo Perón se negó a integrar el FMI y el Banco Mundial desde su creación en la posguerra).

Pero en 2015 y en 2023 vuelven al poder de la mano de Mauricio Macri, Javier Milei, Toto Caputo y Federico Sturzenegger, los sectores que -al igual que en el proceso militar de los 70s y el menemismo de los 90s- destruyen el Estado y el bienestar comunitario, en el marco de una supuesta libertad económica e individual. Es “la ley de la selva” y “sálvese quién pueda”. En palabras de Noam Chomsky: “El gran aumento de un capital sin reglamentar y de carácter altamente especulativo contribuye a un nuevo orden que se caracteriza por salarios bajos, crecimiento económico bajo, ganancias elevadas, desempleo masivo, inseguridad en la población y controles represivos… generando una marcada polarización donde las islas de gran riqueza flotan en un mar de miseria”.

Así las cosas, tanto aquella como esta deuda es ilegal, inmoral, ilegítima e impagable. Es la “deuda odiosa”: “La doctrina de la deuda odiosa es una teoría jurídica que sostiene que una deuda nacional es ilegítima si se contrae en contra de los intereses del pueblo. En este caso, la deuda se considera personal del gobierno que la contrajo, y no del Estado”.

En definitiva, que la paguen los que la contrajeron o que la pague mongo.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.