El Gobierno limitó en su designación al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios, luego de que se conocieran audios en los cuales se lo escucha hablar de un entramado de coimas millonarias por contratos de medicamentos, internaciones y traslados. No son los únicos funcionarios involucrados en este circuito de corrupción; estarían implicados la asesora de Presidencia y otros miembros del Gobierno. Incluso existen audios que mencionan al propio Presidente. La decisión incluyó además la intervención del organismo por parte del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, hasta tanto se designe un reemplazo.

En un contexto donde desde el Estado se repite constantemente que “no hay fondos” para cubrir prestaciones esenciales, pagar en tiempo y forma a prestadores o garantizar tratamientos, estos audios revelan lo contrario: el dinero existía, pero estaba en manos de los poderosos, alimentando redes de corrupción, en lugar de llegar a quienes más lo necesitan: las personas con discapacidad y quienes sostenemos sus tratamientos.

Las sumas mencionadas son alarmantes: entre USD 500.000 y USD 800.000 mensuales en coimas, según lo expuesto por Spagnuolo. Esto representa los mismos recursos que faltan hoy para terapias, apoyos, medicamentos y desplazamientos fundamentales.

La corrupción no es un problema abstracto; tiene consecuencias reales: llevan a tratamientos interrumpidos, familias angustiadas y prestadores precarizados. Y sobre todo dejan al descubierto algo mucho más grave: cuando el Estado no garantiza derechos, lo que se vulnera no es solo la salud, sino la esencia misma de la ciudadanía. Porque los derechos no son favores ni privilegios: son obligaciones que el Estado debe cumplir.

Cabe recordar que, previo al tratamiento de la Ley de Emergencia, el vocero presidencial afirmó que el dinero proveniente de las pensiones suspendidas sería derivado a los prestadores, intentando nuevamente instalar la idea de que allí radica el foco de la corrupción. Sin embargo, los audios hoy demuestran lo contrario: la verdadera corrupción estaba dentro del propio Estado, entre quienes debían garantizar derechos y en cambio usaron los fondos para enriquecerse.

Desde Prestadores Unidos MDP exigimos con fuerza:

Transparencia total en los procesos de compra de medicamentos y financiamiento de prestaciones.

Auditoría externa, independiente y urgente sobre el destino de los fondos.

Garantía de continuidad de tratamientos y pago digno y puntual a los prestadores.

Que se restituyan al colectivo de la discapacidad los recursos que le corresponden por derecho.

Investigación, destitución y juicio a todos los funcionarios que usaron dinero del Estado para beneficio propio.

Hoy más que nunca, el mensaje es claro y contundente:

1. “Plata había, lo que faltaba era voluntad política de hacerla llegar.”

2. “El Gobierno habla de judicializar la Ley de Emergencia por falta de fondos; quizás debería judicializar a sus funcionarios por hacer uso de recursos que no les son propios. Tanto silencio en la ANDIS era porque adentro había mucho ruido de dinero contado. La corrupción no eran las pensiones suspendidas; era de quienes debían garantizar los derechos".

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.