Estamos acostumbrados a definir algo como “light” cuando es liviano, suave, “con menos calorías de las habituales”. Eso ocurre con la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, que con la actual gestión parece transitar en su zona de confort.

Hace unos días el Defensor del Pueblo local, Marcelo Lacedonia, dio a conocer un informe de actuación a poco de cumplir un año en el cargo. Según señaló, los reclamos en el primer semestre de 2025 fueron en total 560 intervenciones, de las cuales 230 (41,1%) fueron por temas de salud (obras sociales y prepagas). Lo más frecuente: interrupción de tratamiento en curso y restricción en el acceso a prestadores habituales. Incumplimientos que podrían contravenir la Ley 26682 (Medicina Prepaga) y la Ley 26529 (Derechos del Paciente). En tanto registró 110 casos (19,6%) por facturación excesiva de servicios, problemas de conexión o cortes injustificados. Y del resto de las intervenciones se destacaron el incremento de estafas y ciberdelitos.

Resulta llamativo que no se ocupara de “el control del buen funcionamiento y accionar de la administración municipal en cuanto a la legalidad, legitimidad, oportunidad, mérito y conveniencia, transparencia, eficiencia, así como el cumplimiento y aplicación de las normas vigentes” (tal cual marca su Reglamento Interno) ante situaciones de público conocimiento como la denuncia de la Comisión Provincial de la Memoria sobre la “violencia estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredon contra personas en situación de calle y personas que realizan tareas de subsistencia en la calle como trapitos y cuidacoches”. Teniendo en cuenta que la CPM advirtió: “El intendente Guillermo Montenegro se arrogó la facultad de otorgar a funcionarios municipales funciones policiales como la posibilidad de privar de la libertad, realizar cacheos y secuestrar pertenencias. Incluso habilitó la adquisición y la disposición a un cuerpo especial de armas menos letales cuyo uso está vedado para el personal municipal”.

También fueron numerosos los pedidos de instituciones y vecinos de distintos barrios al Ente Municipal de Servicios Urbanos por la proliferación de microbasurales a cielo abierto, focos infecciosos, olores nauseabundos y roedores.

O el incumplimiento del transporte público de pasajeros en la frecuencia horaria, recorridos y estado de las unidades, además de la tarifa fijada unilateralmente por el Departamento Ejecutivo.

La falta de insumos, de anticonceptivos, de personal médico en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) municipales.

El avance del sector privado en las playas de la zona sur del Mar del Plata, con proyectos inmobiliarios que violan ordenanzas que protegen el espacio público y la reserva forestal, frente al reclamo de asambleas vecinales y ambientalistas.

La construcción de edificios y torres sobre la costa, barrios residenciales, a través de excepciones al Código de Ordenamiento Territorial en desmedro del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad.

En una época signada por la conculcación de derechos y principios comunitarios, la acción de oficio de una Defensoría del Pueblo se vuelve imprescindible, si es que quiere cumplir con sus fines y procedimientos.

Teniendo en cuenta que el Defensor titular, y la defensora suplente, tienen militancia en la Unión Cívica Radical, partido aliado del oficialismo hasta ahora, pero que a partir de diciembre concluirán con esa alianza y habrá un nuevo gabinete municipal, tal vez la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon también inicie una nueva etapa de mayor apego a sus objetivos.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.