Los buenos modales de Javier Milei en la cadena nacional que eligió para anunciar el envío del proyecto de Presupuesto 2026 al Congreso, encubren una suerte de ultimátum que lanza a sus rivales políticos y al Congreso. Luego de la ‘paliza’ electoral del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires y de haberse visto forzado a vender 500 millones de dólares en una esta misma jornada, el Presidente advierte al país que la continuidad de su gobierno está comprometida, a pesar de los convites de Kicillof a reunir en una mesa al conjunto de los gobernadores. Los “focus groups” de las consultoras le apuntan una derrota electoral mayor el 26 de octubre, con consecuencias financieras imponderables para ‘el día siguiente’, si no antes. Anuncia el proyecto de Presupuesto después de haber prorrogado los dos anteriores, y tampoco pide postergar su debate hasta la instalación del nuevo Congreso el 10 de diciembre, como hizo en 2023. Les exige que sea aprobado con modificaciones menores, o que asuman la responsabilidad de que lo imponga por decreto y gobierne por decreto hasta 2027, arriesgando una estampida inflacionaria y el socorro de un helicóptero.

Los desvaríos conceptuales del gobierno son testimonio de que se encuentra acorralado por una crisis que sube de envergadura. Volvió a rechazar el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, mientras lo hace con los depósitos que los bancos deben inmovilizar, como encajes, en títulos del mismo Tesoro. Imaginó, otra vez, una Argentina en el podio del mundo, lo que supone el decrecimiento del resto del mundo. Prometió mejoras para jubilados, discapacitados, universidades y salud pediátrica, mientras veta las leyes que las concretan, y anuncia que no va a cumplir con las que debió promulgar por la insistencia del Congreso. Confesó que el propósito de un superávit fiscal es financiar a las empresas, o sea seguir transfiriendo ingresos de la fuerza de trabajo al capital, y sustituir el crédito comercial por ingresos corrientes del Tesoro.

Los congresistas y sus partidos, que ya han decidido que “hay que esperar a 2027”, deberán decidir si se inclinan por aceptar la extorsión o dejar que el gobierno se hunda por sus contradicciones insuperables.

La extorsión del gobierno busca polarizar en estos términos la campaña electoral. Diseña de este modo un escenario que no es infrecuente. El oficialismo, coqueteando con la disolución del Congreso y su propia caída; y la oposición, incapaz de un relevo político, jugada a su continuidad. Los trabajadores y el electorado popular en su conjunto sólo pueden enfrentar con éxito esta crisis sin salida, si además de ejercer el derecho al voto se autoorganiza para ofrecer su propia salida, y no una salida a sus espaldas. Porque, en definitiva, las víctimas de las crisis capitalistas, de sus ‘ajustes’ periódicos y de perjuicios siempre mayores, son los trabajadores.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.