El pasado 13 de noviembre de 2025, paradójicamente el Día del Pensamiento Nacional, la Casa Blanca estadounidense difundió el anuncio de un “Marco para un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos” entre Estados Unidos y Argentina. Lo que desde el comunicado se presenta como una alianza estratégica destinada a modernizar el intercambio comercial, desde una perspectiva soberanista revela señales alarmantes de subordinación económica, regulatoria y geopolítica. El nuevo acuerdo, lejos de apuntalar el desarrollo nacional, parece recrear los viejos mecanismos de dependencia que marcaron las décadas más oscuras de nuestra economía.

Un intercambio asimétrico disfrazado de cooperación

El capítulo de aranceles ilustra la lógica de todo el documento. Argentina abre su mercado a productos de alto valor agregado: medicamentos, maquinaria, tecnología, vehículos y productos agrícolas estadounidenses. A cambio, Washington concede beneficios puntuales sobre “recursos naturales indisponibles” y algunos insumos farmacéuticos. Es decir: Estados Unidos exporta industria; Argentina, recursos naturales sin valor agregado. Esta asimetría profundiza el perfil primario-exportador de nuestro país y consolida el patrón de dependencia.

Más preocupante aún: el acuerdo remite a criterios de “seguridad nacional” establecidos unilateralmente por Estados Unidos, lo que habilita condicionamientos extraterritoriales sobre nuestra política comercial. Es un mecanismo que recuerda, en espíritu y forma, las cláusulas humillantes del Pacto Roca-Runciman de 1933.

Desmantelamiento de instrumentos nacionales de regulación

Al comprometerse a eliminar barreras no arancelarias, licencias de importación, formalidades consulares e incluso el “impuesto estadístico” (un cargo adicional dl 3%) para bienes norteamericanos, Argentina renuncia a herramientas tradicionales para proteger su mercado interno. En lugar de promover un comercio equilibrado, cede instrumentos esenciales para administrar el ritmo de apertura comercial y defender sectores estratégicos.

A ello se suma un punto crítico: el país aceptará que los estándares técnicos, de seguridad, de emisiones y sanitarios de EE.UU. funcionen como habilitantes automáticos para ingresar productos al mercado argentino. Esto implica una transferencia de soberanía regulatoria inédita: vehículos, dispositivos médicos, alimentos y tecnologías ingresarán bajo normas externas, sin evaluación de conformidad nacional. La industria local deberá adaptarse a reglas ajenas, muchas veces costosas e incompatibles con nuestra estructura productiva.

Propiedad intelectual y agricultura: puertas abiertas al dominio extranjero

El apartado sobre propiedad intelectual puede derivar en un escenario adverso: patentes más rígidas, mayor dependencia tecnológica y obstáculos para el desarrollo de medicamentos genéricos. Argentina corre el riesgo de transformarse en un mercado que compra innovación en lugar de producirla.

Pero es en el capítulo agrícola donde el acuerdo exhibe su perfil más entreguista. La apertura al ganado vivo estadounidense, la flexibilización del registro de productos cárnicos y lácteos, y la inminente entrada de aves de corral foráneas comprometen a miles de productores nacionales. La soberanía alimentaria queda en manos del agronegocio norteamericano. El país, que históricamente abasteció al mundo, ahora se expone a importar aquello que supo producir como nadie.

El medio ambiente y los recursos críticos al servicio del Norte

Bajo la retórica de la protección ambiental, el acuerdo incluye la “cooperación” en el manejo de minerales críticos, recursos esenciales para la industria tecnológica estadounidense. Sin una política nacional de desarrollo industrial, este punto puede convertir a la Argentina en mera proveedora de litio y otros minerales estratégicos, sin industrialización local ni captura de valor agregado. Una reedición del viejo rol colonial: extraer para otro.

Seguridad económica: alineamiento geopolítico sin debate democrático

Quizá el aspecto más delicado del pacto sea el alineamiento explícito con la estrategia global de seguridad económica de Estados Unidos. La cooperación en “políticas no mercantiles”, control de exportaciones, inversiones y evasión arancelaria implica un alineamiento automático con los intereses estratégicos del Norte. Esto condiciona futuras relaciones con China, Brasil, India y otras potencias emergentes, poniendo en riesgo nuestra autonomía geopolítica y autodeterminación como pueblo.

Comercio digital: la soberanía de los datos en jaque

El compromiso de reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos -incluidos datos personales- supone un riesgo directo para la soberanía digital argentina. En un mundo donde la información es el principal recurso estratégico, entregar datos y aceptar firmas electrónicas bajo legislación extranjera equivale a transferir parte del control del Estado sobre la vida digital de su pueblo.

¿Integración o renuncia?

El acuerdo se presenta como modernizador y ambicioso, pero los compromisos recaen casi exclusivamente sobre Argentina. Estados Unidos obtiene acceso privilegiado a mercados, recursos, datos y sectores estratégicos, mientras que nuestro país entrega instrumentos regulatorios, margen de maniobra política y soberanía productiva.

En esencia, no estamos frente a un pacto de desarrollo sino ante una actualización del viejo modelo colonial: integración al mercado global en un rol subordinado. Si la Argentina acepta este marco sin una estrategia nacional sólida, corre el riesgo de transformar el “acuerdo” en un acto de renuncia.

No es un salto al futuro: es un regreso al pasado.

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