La aniquilación sistemática de la soberanía argentina, de la industria nacional, de las economías regionales, de los derechos laborales y de la calidad de vida de casi toda la población continúa sin pausa. Estamos en caída libre por un abismo del cual no se ve aún el fondo.

Aunque ya son más de 70 mil empleados estatales los despedidos desde 2023 a la fecha, Milei quiere producir un “shutdown” deliberado -un cierre parcial del gobierno-, tomando como referencia explícita el modelo estadounidense de Trump. Pero detrás de este nuevo gesto disruptivo se esconde una peligrosa violencia institucional, porque un shutdown no es un recorte de gastos: es el secuestro de la administración pública para imponer una agenda que no pasa por el Congreso.

En Estados Unidos, el shutdown es una herramienta de chantaje presupuestario. Donald Trump la protagonizó entre diciembre de 2018 y enero de 2019 con el cierre más largo de la historia (35 días), exigiendo fondos para el muro fronterizo. El saldo fue devastador: 800.000 empleados federales trabajando sin sueldo o en licencia forzada, museos cerrados, parques nacionales convertidos en basurales, controles aéreos colapsados y una pérdida permanente de 3.000 millones de dólares para la economía, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

La lección que el mileísmo extrajo de aquello no fue el costo humano ni el daño económico, sino su rédito propagandístico. Trump demostró que detener la “rueda de la máquina” podía venderse como un acto de valentía frente a la “casta” legislativa, aunque los rehenes fueran los propios ciudadanos.

Milei intenta replicarlo en Argentina, donde el Estado es el principal articulador de la asistencia social, y paralizarlo implica cortar la red de contención de millones de personas en situación de vulnerabilidad.

El gobierno argentino ha hecho del déficit cero un dogma que se sostiene sobre una licuación feroz de jubilaciones, salarios públicos y transferencias a provincias. El shutdown, en este contexto, ya no se trata de ajustar partidas, sino de interrumpir directamente las funciones del Estado para forzar su rediseño por asfixia.

La administración libertaria ha normalizado la negación a ejecutar partidas aprobadas por el Congreso, como el caso del financiamiento universitario y para la discapacidad. Milei no necesita un decreto, le alcanza con la inacción y evitar el control legislativo y judicial. En los hechos significa la interrupción de medicamentos oncológicos, la paralización de investigaciones científicas y la desprotección de mujeres víctimas de violencia.

Así como Trump acusó a los trabajadores federales de ser parte del “Deep State” (Estado profundo) que conspiraba contra él, Milei construye la figura del “ñoqui” como enemigo interno. En ambos relatos, el funcionario no es un trabajador, sino un militante político que merece ser castigado con el hambre. Los cierres de oficinas y los miles despidos en el Estado nacional no persiguen solo un ahorro fiscal insignificante, sino un disciplinamiento social demostrando que nadie está a salvo de la intemperie.

La decisión de cerrar el Estado mientras se mantienen exenciones impositivas a sectores concentrados o se financia una reforma previsional en favor de gobernadores aliados, revela que no se trata de un problema de caja, sino de un modelo decadente y colonial.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.