En el Congreso de la Nación se debate la intangibilidad y la protección de la propiedad privada, mientras avanzan iniciativas para flexibilizar la Ley de Tierras y facilitar la cesión de extensiones estratégicas de nuestro territorio a manos extranjeras. En el centro de la escena política se instala un principio como si fuera indivisible y absoluto: la inviolabilidad. Sin embargo, en esa discusión asimétrica, suele omitirse la otra cara de la moneda, la que le da sentido a la existencia misma de la comunidad: la inviolabilidad de la propiedad nacional y de los bienes comunes.

Hablan de atraer inversiones, pero en realidad encubren una disputa histórica sobre el poder, la soberanía y el destino colectivo. Se pretende instalar la falsa premisa de que un país moderno debe estar dispuesto a subastar sus activos estratégicos, liquidar su patrimonio público y extranjerizar su territorio para alcanzar el desarrollo. La experiencia demuestra exactamente lo contrario: ninguna nación construye un bienestar genuino y equitativo si enajena su patrimonio.

Hoy, el concepto de soberanía ha mutado. Ya no se trata únicamente de custodiar los límites geográficos con fuerzas de seguridad, sino de defender la riqueza material e intangible, ecológico y financiero. La pregunta se vuelve urgente: ¿a quién pertenece lo que es de todos?

El agua dulce, el suelo fértil, las reservas de litio y de hidrocarburos, la biodiversidad, la infraestructura de conectividad, el espacio radioeléctrico y el sistema científico-tecnológico no son simples mercancías para el extractivismo o la especulación financiera. Son la condición de posibilidad de nuestra soberanía alimentaria y energética, y el reaseguro de que las futuras generaciones no nazcan despojadas en su propia tierra. Permitir la entrega irrestricta del territorio o la privatización de bienes vitales implica hipotecar la capacidad de autodeterminación del país.

Por eso, si vamos a hablar de garantías jurídicas e inviolabilidad, hablemos del andamiaje que necesita el patrimonio de todos los argentinos. Esto exige plasmar en la legislación tres salvaguardas innegociables:

Inalienabilidad e imprescriptibilidad absoluta: Los recursos estratégicos y las tierras de valor geopolítico o ecológico deben gozar de blindaje constitucional que impida su venta, embargo o cesión a jurisdicciones extranjeras que desconocen el interés nacional.

Exigencia de mayorías agravadas y consulta ciudadana: Ninguna concesión o modificación que altere la titularidad sobre los bienes comunes debe poder aprobarse con mayorías estacionales o decretos de necesidad; requiere consensos parlamentarios calificados y participación popular.

Función social y de desarrollo integral: La gestión del patrimonio público debe medirse por la cantidad de trabajo genuino que genera, el valor agregado local y la preservación ambiental, y no por el resultado de un remate presupuestario de corto plazo.

Defender la inviolabilidad de la propiedad nacional no es un rechazo al mundo; es la condición previa para integrarse a él de pie y con dignidad. La propiedad privada merece certidumbre, pero la propiedad nacional es el suelo colectivo que la sostiene a ella y a toda la vida en sociedad. Antes de seguir rematando lo que pertenece al pueblo argentino, es hora de poner en la agenda pública la custodia de nuestra casa común.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.