Si existe un tema de verdadera actualidad en nuestro país y especialmente entre la población de la Capital Federal y el territorio bonaerense, este es el de la constante inseguridad que azota  casi por igual a sus habitantes tanto de la clase pobre, como a la media y también a la rica, aunque a nadie escapa que por lógicas razones de posibilidades de autoprotección es de esperar que estos últimos sufran menos sus alternativas cotidianas, aunque vivan en un constante temor de que una brecha en sus sistemas de seguridad los conviertan también en vulnerables.

Precisamente por la actualidad que le da a la cuestión la vigencia, sin solución de continuidad, de un estado de constante temor en la población, cada vez mas son los medios de información que nos ilustran sobre nuevos y cada vez mas impactantes delitos que indican a las claras que la delincuencia ha ganado definitivamente las calles y venciendo los débiles frenos que, como parte de las obligaciones que le competen, debería mantener y fortalecer el Estado, se muestran día a día con mayor audacia seguramente convencidos de la alta probabilidad de lograr la impunidad.

Esto es entendible al ciudadano común que reclama constantemente mayor protección convencido de que con mayor cantidad de uniformados, de patrulleros o de edificios policiales a su vista logrará la tan ansiada seguridad, sin realizar mayores ahondamientos sobre circunstancias al parecer inconexas pero  que para el medianamente conocedor resultan señales inequívocas de la profundidad de la crisis existente en el sistema general de seguridad de nuestro país, y que lógicamente afecta con mayor impacto a las zonas mas ricas y pobladas.

La toma de una comisaría en la Capital Federal, con destrucción de bienes muebles, documentos públicos y otros delitos graves por dirigentes políticos, cuyo líder fuera premiado posteriormente con un importante cargo público sin que en él recayera el peso de la justicia, por lo menos hasta la fecha: los desprofesionalización de la fuerza policial, especialmente en la provincia de Buenos, sumiéndola en una confusión tan grande como grave sobre sus integrantes cuya avance en la carrera ya no depende de la lógica razón de premios y castigos; el constante ataque que las mismas han sufrido desde las tribunas oficiales, por el momento disminuido en parte quizás debido a las necesidades de atraer simpatías de todo tipo para las campañas políticas en marcha; la total indefensión y falta de respaldo que sufre todo trabajador policial; una justicia cuya velocidad de actuación muchas veces depende únicamente de las necesidades políticas y causas por el estilo no contribuyen para nada para mejorar la grave situación.

Si a ello sumamos los gravísimos e injustificados ataques de “barras bravas” a personal policial encargado entre otras cosas de evitar que se agredan entre ellos, con quema de valiosos patrulleros con evidencia de saña cuyo origen también podríamos buscar en la campaña de descrédito hacia el uniformado ya mencionada;  la reciente toma de la Comisaría de Escobar 2da. (o estación de policía), cuyo objetivo, desarrollo y resultados se vienen informando ampliamente, ya es demostrable lo que habíamos sentenciado hace demasiado tiempo: la total pérdida de respeto de la delincuencia hacia la autoridad que debería controlarlo, certificado desgraciadamente por los últimos asesinatos, incluso al parecer innecesarios de efectivos policiales por el solo hecho de serlos. Aunque en el anterior caso cabría preguntarse, ya que no lo hace ningún “especialista en seguridad” que comenta los acontecimientos, sobre que hacía un peligroso delincuente, próximo a ser juzgado por otros graves delitos, alojado por casi todo un mes en una dependencia policial de mínima seguridad, cuando tanto se ha promocionado el desalojo de esos calabozos, y cuyo inmediato traslado a una unidad peral acorde a la seguridad de su resguardo debería haberse dispuesto inmediatamente por parte de la justicia por el  gran riesgo a todo el personal policial cuya misión específica no es la de precisamente la de custodia de detenidos por un tiempo mas allá del estrictamente necesario.

El gobierno tanto nacional como provincial, no parecen adjudicar demasiada importancia a estas señales, ya estamos escuchando hablar a los “informadores” oficiales de la investigación acerca de las posibles responsabilidades, o “connivencia” de la policía en este gravísimo suceso, mientras que se muestran renuentes a indagar acerca de una pregunta tan sencilla como la expuesta anteriormente y de la que necesariamente surgirían responsabilidades superiores tanto en el orden político como judicial que alguna vez tendrían que salir a la luz.

Tenemos la esperanza que alguna vez se comprenda que la verdadera seguridad debe construirse a partir de comenzar a hacerlo con la policía y no contra la policía como se ha pretendido hasta ahora.

APROPOBA, Miguel Ángel Reynoso-Secretario General

(La opinión de los columnistas no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General).