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Lunes - 25 de Febrero de 2008 11:02
Julia García respaldó el funcionamiento de los foros marplatenses de Seguridad

La diputada de la Concertación Plural votó en contra del proyecto de reducción de competencias del Tribunal de Casación Penal, avaló el procedimiento de flagrancia y revaloró la tarea realizada por los representantes de los diversos foros de seguridad del Partido de General Pueyrredón.

Al hacer uso de la palabra en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, desarrollada el último jueves, la legisladora manifestó que “la reforma a la Ley Procesal Penal es más una cuestión política que una modificación técnica”.

“Con esta medida - sostuvo - se intenta dar una respuesta a un caso puntual de disminución de inseguridad y yo creo que hay que ir más allá; hay que organizar el sistema para dar de esta manera mayor seguridad a la población”.

Julia García y algunos pares se habían entrevistado previamente con los representantes del Colegio de Magistrados y los Jueces de Cámara de Mar del Plata para evaluar en conjunto el funcionamiento de la actual Ley Procesal Penal y conocer en profundidad la opinión de los profesionales.

“Me pareció muy importante resaltar en la Cámara el esfuerzo de los foros locales, destacar la experiencia piloto de la Unidad Fiscal de Flagrancia del Partido de General Pueyrredón y reconocer el compromiso adoptado por los jueces que llevaron adelante dicha tarea. A pesar de una estructura edilicia fracasada, se logró en Mar del Plata que la Fiscalía de Flagrancia se constituyera en una instancia ejemplo, que nada tiene que ver con el crecimiento o la disminución del delito, la cuestión no pasaba por ahí” remarcó.

Además, García consideró que la nueva ley no contempla que existen numerosas Cámaras de Casación que no cuentan con el número de jueces necesarios para estar legalmente constituida.

En tanto, en referencia al funcionamiento del Centro de Contención de Menores de Batán, que depende del gobierno provincial, la diputada presentó un pedido de informes y un proyecto de declaración sobre el mismo.

“Mi experiencia como secretaria de Desarrollo Social me permitió confirmar que la situación del menor y de la justicia es harto complicada” - explicó.

Y completó: “nosotros tenemos ahora una nueva ley, ley que sólo es una respuesta a una necesidad política. Hoy un chico que es victimario de un asesinato es llevado a un lugar de internación donde convive con menores que fueron victimas de abuso, de maltrato; también hay menores violentos que comparten el espacio con menores que están en línea de adopción, y todo a pesar de contar con un Centro de Contención que los puede albergar y que todavía no está en funcionamiento”.