El plan del Gobierno para derribar los monopolios del sistema argentino de medios cayó definitivamente en un pantano.

La justicia federal notificó al Congreso y a la Casa Rosada que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no puede ser aplicada hasta que se esclarezca si el tratamiento parlamentario que terminó en su sanción estuvo viciado de nulidad o no.

La resolución judicial se sintió como un cachetazo en los despachos oficiales que planeaban publicar la reglamentación del texto en los próximos días.

La jueza federal de Mendoza del fuero Contencioso Administrativo, Olga Pura de Arrabal, hizo lugar a un recurso de amparo que había solicitado el diputado nacional cobista, que revista en el bloque del PJ Federal, Enrique Thomas.

El legislador había denunciado que la ley fue sancionada en un procedimiento con “graves e insanables vicios”. Entre otras irregularidades, Thomas destacó la violación al artículo 113 del reglamento de la Cámara baja que establece que para que un dictamen de comisión pueda ser debatido, deben transcurrir, al menos, siete días hábiles. Ese plazo no se respetó y para el diputado fueron “vulnerados sus derechos como legislador”.

En su presentación, Thomas también había denunciado que la ley 26.522 avanzaba sobre el derecho de libertad de imprenta previsto en el artículo 32 de la Constitución Nacional porque establecía “jurisdicción federal” sobre la actividad periodística, situación que está expresamente prohibida por la carta magna. La jueza también interpretó que debe evaluarse si efectivamente la norma es inconstitucional.

La ley de medios había recibido cuatro objeciones desde los tribunales en la última semana de diciembre. El Poder Ejecutivo había logrado aplazar el efecto de las medidas cautelares durante la feria judicial, que finalizó el viernes pasado, y en estos días comenzó a ser notificado formalmente de que el plan maestro de la radiodifusión ingresó en el freezer de la burocracia judicial.

El Gobierno apelará en las próximas horas la decisión de Pura de Arrabal, que deberá ser analizada por la Cámara de Mendoza. El tribunal de alzada deberá decidir si ratifica el fallo de Pura de Arrabal e inicia la investigación sobre el procedimiento parlamentario. En ese caso, también tendrá que resolver si mantiene la suspensión de la norma o si ordena su aplicación mientras se sustancia la instrucción de la investigación.

Para la Casa Rosada fue un golpe doble: otra vez padeció una derrota judicial que limita las posibilidades de una política considerada nodal para el kirchnerismo; por otra parte, la embestida provino de la combinación que más disgustos le ha causado últimamente al Gobierno: una denuncia presentada por un dirigente opositor y un juez –“miembro del partido judicial”, diría Néstor Kirchner– dispuesto a darle curso a la presentación.

Fuente: Crítica